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Ayotzinapa: El caso que resume la tragedia cotidiana en México

La desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida en 2014, sintetiza gran parte de los males que sacuden al país azteca. Delito organizado, fuerzas de seguridad corrompidas e instituciones manchadas, como la Justicia, forman parte de ese combo. La comisión que investiga el hecho señaló que fue un crimen de Estado y el procurador que actuó en la causa terminó preso.


Por Gabriel Michi




"Nos faltan 43". "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Son sólo algunas de las consignas que desde hace casi 8 años levantan los familiares y allegados de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, en Iguala (Estado de Guerrero), en la noche del 16 de septiembre de 2014. Nunca más se supo nada de ellos. Y en el transcurrir de este caso y el caótico devenir de esa investigación, México pudo ver como en este hecho se sintetizaban gran parte de los males que asolan su realidad. Un entramado donde se mezcla el crimen organizado, la corrupción de las instituciones y la desidia del Estado en muchas sus expresiones. Todo manchado de sangre. De impunidad. Y de dolor.


La comisión -creada por el presidente Manuel López Obrador-para revisar la investigación- acaba de elaborar un informe en el que concluye que se trató de in "crimen de Estado", en el que están salpicados gran parte del poder político y judicial.

El Estado de Guerrero, y en especial la ciudad de Iguala, lugar de la tragedia, es una zona clave en el tráfico de drogas, además de otras actividades delictivas. Y, por lo tanto, se convirtió en un campo propicio de todo tipo de disputas y enfrentamientos de bandas criminales. Esos choques dejaron en el medio los 43 estudiantes normalistas, que nada tenían que ver con esas bandas. De hecho, la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa tiene una larga tradición de lucha social. Y su historia de inclusión de estudiantes de bajos recursos y de diferentes geografías es algo muy conocido en la región


Lo que se sabe hasta ahora es que en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de entre 17 y 25 años se trasladaron a Iguala para subirse a los ómnibus que los conducirían a una marcha en la capital mexicana que se realizaría el 2 de octubre. Esos micros habrían sido secuestrados y se habrían generado altercados protagonizados por los estudiantes. Allí sobrevino una confrontación y agentes policiales dispararon contra los vehículos que transportaban a los jóvenes. A los uniformados locales se le sumaron otros policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco. El saldo de toda esa situación fue trágico: dos alumnos murieron esa noche y un tercero apareció también sin vida y con signos de tortura al día siguiente. Decenas de jóvenes fueron detenidos y liberados al otro día, pero jamás se supo qué pasó con otro grupo de 43 estudiantes. Hasta el momento, a 8 años de aquel misterio tan escabroso, sólo los restos de tres de ellos fueron encontrados e identificados. Un terrible agujero negro en el que México ya suma la escalofriante cifra de 100.000 desaparecidos, tal como informó MundoNews.


El reclamo de "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" aúno a los familiares de los estudantes.

Cuando ocurrió el caso de Ayotzinapa gobernaba el presidente Enrique Peña Nieto. La hipótesis oficial de aquel entonces apuntaba a que los estudiantes fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos. Y que esta banda narco los confundió con integrantes de Los Rojos, otro cártel rival. Fue entonces que, según la misma versión, los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula en Guerrero. Quien encabezó esa línea argumentativa fue, nada más y nada menos, que el entonces Procurador General de la República Jesús Murillo Karam (acompañado por el jefe de investigación Tomás Zerón).


La denominada "verdad histórica" señalaba además que los estudiantes no habían viajado a Iguala a buscar los autobuses que los llevarían a la marcha en el DF, sino que su objetivo era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez. Abarca y Pineda están hoy en prisión y fueron acusados por el ex fiscal Murillo Karam de estar detrás de la desaparición de los estudiantes y de colaborar con grupos criminales.


Sin embargo, esta "verdad histórica" fue puesta en duda desde el comienzo no sólo por los propios familiares de víctimas, sino también por organismos nacionales e internacionales, algo que compartió administración de AMLO. Cuando llegó al poder en 2018 puso en marcha la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) para desentrañar la realidad del caso de los 43 estudiantes normalistas. El propio López Obrador se comprometió a "encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes".


En julio de 2020 la "verdad histórica" fue anulada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pidió la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. Entre ellos, el jefe de la investigación Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel, país que se niega a extraditarlo pese a estar acusado por torturas, desaparición forzada de personas y desfalco, todo en torno al caso en el caso de Ayotzinapa.


AMLO creó una comisión. El fiscal Gertz Manero pidió la detención de Murillo Karam y Zerón, quien está prófugo.

Ahora, las conclusiones de la CVAJ sostienen que en el crimen "concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano". Y que la denominada "verdad histórica" no fue otra cosa que "una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes". Y hubo una consecuencia inmediata: la detención del entonces jefe de todos los fiscales mexicano, Jesús Murillo Karam, acusado "por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa".


Junto con la detención del procurador se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el Estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso. Y el caso de los 43 estudiantes quedó configurado como "un crimen de Estado". Y llega a la terrible -e imaginada conclusión- que los jóvenes fueron asesinados. Aunque siguen desaparecidos, sus familias ya tienen la terrible certeza de que están sin vida. Y que sus historias no son otras que las de un país tristemente acostumbrado a las tragedias cotidianas.


La imagen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014.


Un caso emblemático, en primera persona


El periodista autor de estas líneas cubrió las marchas -en especial la del 10 de mayo de 2015, en el Día de la Madre que se convirtió en el más emblemático escenario de estos reclamos- que se dieron en la Ciudad de México exigiendo la aparición con vida de los desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El grito de las madres de las víctimas, principales movilizadoras del reclamo por verdad y justicia, se hizo sentir con fuerza: "Hijo, escucha: tu madre está en la lucha", se escuchaba con fuerza a cada paso. "Estoy pidiendo la vuelta de los 43 muchachitos, que son compañeros. Y pedimos justicia para ellos. Esa es la prioridad: los 43", contó Bertha Nava Martínez, mamá de Julio César Ramírez Nava, quien le contó a este periodista que su hijo desapareció junto a dos compañeros: Julio César Mondragón y Daniel Solís.





"No estamos de acuerdo en lo que ellos (la Justicia) está diciendo. No no han presentado nada valioso. Ninguna prueba contundente. Queremos pruebas contundentes. No aceptamos más mentiras. Y cada mentira que digan, se las vamos a tirar al piso", señaló Bertha y agregó: "La sociedad mexicana nos acompaña, está con nosotros. Que vea Peña Nieto que no somos una minoría como dice él. Somos mayoría. La gente está indignada con esta masacre que hizo. Él no debió haber permitido que se lleven a estos muchachos. ¿Por qué lo permitió?". El enigma sobre lo ocurrido con su hijo Julio César, no la deja dormir: "No sabemos lo que ocurrió" y dudó de todas las versiones que en su momento se arrojaron.


En el momento en que Bertha brindaba sus reflexiones una conmovedora cuenta del 1 al 43 estallaba en las calles del DF, y culminaba con el grito por "Justicia" . Allí Afrodita Mondragón Ponce, mamá de Julio César Mondragón, le señaló a este periodista: "A mi hijo lo asesinaron y buscamos justicia. Él es uno de los tres asesinados en la represión de estudiantes de Ayotzinapa. Es parte de los 43 desaparecidos. Pedimos que nos apoyen las personas. Y les digo a todos aquellos que tienen a toda su familia junta den Gracias a Dios", explicó entre llantos . "No se ha hecho justicia y eso es lo que reclamamos", sostuvo Afrodita.


Por su parte, Luis Ernesto Navarrete Tizapa, profesor egresado del colegio normalista de Ayotzinapa donde estudiaban los 43, y que forma parte de la Coordinación de Defensa de este Instituto, señaló a este periodista que dicha organización surgió con un caso anterior que se dio en el lugar: "Surgimos en el 2011 a raíz de que la Policía Judicial de Guerrero asesinó abiertamente a dos compañeros. Entonces, nos juntamos varios egresados para pugnar para que eso no volviera a ocurrir. Pero lamentablemente tuvimos que luchar contra una estructura lineal del poder en México, donde las órdenes no necesariamente pasa por los gobernantes sino que vienen de las autoridades federales, llámese Presidente de la República o Comandantes Federales del Ejército, la Marina o algunas otras instituciones".





Navarrete fue más allá. Describió con contundencia lo que él cree que ocurre en la vinculación entre el crimen organizado y la política: "El caso de los 43 de Ayotzinapa es un caso que para nosotros viene a dejar en claro la corrupción brutal que hay en México y de aquel que tiene el poder político contra el narcotráfico. A nosotros nos deja bien en claro que el narcotráfico ha avanzado en sus modalidades y que antes los políticos se volvían narcotraficantes pero ahora los narcotraficantes se vuelven políticos para llegar al poder. Y evitar así tener un mediador o intermediario entre las instituciones y lo que es el pueblo y tener acceso a los recursos. Nosotros pugnamos porque se tenga acceso a la memoria y a la verdad y, sobre todo, a la Justicia. Es muy difícil que se pueda tener un acceso a la verdad porque en México no se cree en las instituciones. Por ejemplo, la Procuraduría dice en un primer momento que los compañeros estaban vivos y fueron trasladados pero al poco tiempo dice que están muertos". Así, entre tantas idas y vueltas, el tiempo pasa. Y la verdad huye.

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