Por primera vez en 35 años bajaron los homicidios cometidos por uniformados en Río de Janeiro, lugar donde las fuerzas cometen todo tipo de excesos. Lo asignan al cambio de paradigma con la vuelta de Lula Da Silva al poder, frente a lo que fue la "Era Bolsonaro".
Por Gabriel Michi
¿Cambio de paradigma? ¿De clima de época? ¿De mandato desde la cúpula de poder? Cualquiera de las hipótesis que se abrace parten de un dato de la realidad. Los números indican que los asesinatos cometidos por policías en Río de Janeiro -la más violenta de todo Brasil- descendieron por primera ves en más de tres décadas. Y todo eso frente a un escenario en el que en los cuatro años precedentes al 2023, es decir los gobernados por el ultraderechista Jair Bolsonaro, los casos de "gatillo fácil" policial se dispararon en medio de un mandato político donde se retroalimentó y potenció ese tipo de crímenes institucionales, dándoles aval y encubrimiento.
En el Estado de Río de Janeiro, en 2023 más de 11 personas murieron cada día en forma violenta. La mayoría de los casos se dieron en la propia ciudad carioca. Según el Instituto de Seguridad Pública, las 4.356 muertes del año pasado son la cifra más baja en 34 años, cuando las autoridades estatales comenzaron a llevar la cuenta. En ese marco de disminución general de los homicidios (un 5% con respecto al 2022), resultó mucho más sorprendente la caída de los asesinatos cometidos por uniformados: esos crímenes bajaron un 35%. Por eso se habla de gran freno al "gatillo fácil". En 2023, hubo 869 personas muertas en operativos policiales, más de dos por día, lo cual sigue siendo un número elevadísimo. Sin embargo, son 500 casos menos que el año anterior. Para los analistas semejante caída tiene una estrecha relación con el cambio de orientación del gobierno federal desde la asunción, en enero de 2023, de Luis Inacio "Lula" Da Silva, frente a lo que ocurrió en la "Era Bolsonaro", donde se batieron todos los récords en materia de violencia policial.
Es sabido, que las fuerzas de seguridad de Brasil son consideradas de las más mortíferas del mundo. Durante muchos años fue la de Río de Janeiro la que encabezó la nómina de la más letales, sólo superada en 2023 por la del Estado de Bahía, merced de esta disminución en la criminalidad de la carioca. Según Carolina Grillo, de la Universidad Federal Fluminense, “esta disminución es sorprendente considerando que no se implementó ninguna política por iniciativa del gobierno estatal de Río de Janeiro. El objetivo era reducir la letalidad de los policías”. La especialista también remarca que el punto de partida para la comparación también era muy elevado: "en 2022 hubo 1.330 muertes, una cifra muy alta”. Pero aclara: “Incluso con una disminución del 34,7%, la letalidad policial sigue en un nivel inaceptable, es más que el doble que en 2012 y 2013”.
En ese contexto, Grillo apuntala que “en los últimos años, el gobierno del Estado de Río ha resistido todas las decisiones de la Corte Suprema encaminadas a reducir la letalidad de la policía, tanto con recursos como mediante la desobediencia deliberada”, medidas que habían sido reclamadas por las familias de las víctimas y distintos movimientos sociales. En 2022, el Tribunal Supremo ordenó instalar cámaras a todos los agentes de Río. Pero recién el 8 de enero de 2024 -más de un año después- la brigada más conocida de la Policía Militar el BOPE -cuyo accionar quedó en el tapete por la película "Fuerza de Elite"-, comenzó a usar esas cámaras. Y, en el medio hubo un cambio de época, de paradigma y de mandato de acuerdo a las señales que llegaban del gobierno federal. “Lo que cambió en 2023 con la toma de posesión del presidente Lula es que el gobierno de Río de Janeiro ya no tiene el apoyo político para seguir impugnando la Corte Suprema”. Y, en esa mutación de época, aquella frase instalada por el bolsonarismo y sus seguidores de que “un buen bandido es un bandido muerto” quedó en offside. Ya las más altas esferas del poder no avalan semejante consigna convertida también en una política de impunidad. Según Grillo, "Si las autoridades han expresado anteriormente su apoyo descarado a los asesinatos policiales, la certeza de la impunidad corre cierto riesgo".
Mientras que el en mundo desarrollado las fuerzas de seguridad causan menos del 10% de las muertes violentas, hoy la Policía de Río de Janeiro es responsable del 20% de los homicidios. Y, lo que es aún más terrible, es que en los cuatro años de gobierno de Bolsonaro, el 30% de todos los asesinatos en ese Estado fueron cometidos por policías.
Esta estadística que muestra cómo las fuerzas de seguridad brasileñas se ubican entre las más letales del mundo fue denunciada también por Human Rights Watch que en su informe anual sostuvo: “la falta de medidas violentas para combatir el problema del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”. Y señaló que las muertes de policías aumentaron en 16 de los 27 estados en 2023 y que en dos de ellos (los poco poblados Goiás y Amapá), la Policía provocó la mitad de las muertes violentas.
Por otro lado, y en el marco de la caída general de los crímenes, el Instituto Rio de Seguridad Pública destacó en su informe que los decomisos de armas largas aumentaron casi un 30% (610 fusiles), se confiscaron más de 6.000 armas cortas, se recuperaron casi 15.000 vehículos robados y se detuvieron casi 37.000 en flagrancia. Además subraya que la inversión de 2.500 millones de reales (510 millones de dólares, 470 millones de euros) en tecnología, equipos de protección para agentes y trabajos en cuarteles y comisarías, colaboró con disminuir la violencia en las calles.
Pero lo que muchos especialistas remarcan en cuanto al descenso de los delitos letales cometidos por policías también se relaciona con un mayor control sobre ellos, algo que -por ejemplo- puede ser graficado con la expansión de las cámaras montadas en los uniformes policiales, algo que sigue generando resistencias en las fuerzas de seguridad y también de ciertas autoridades locales vinculadas al bolsonarismo. Así, los gobernadores de Río y São Paulo, que basan parte de su poder en el respaldo de los uniformados, se resisten a la medida. Pese a lo que les impone la Justicia y a que las estadísticas demuestran que en otros Estados brasileños el uso de esas cámaras corporales redujeron las muertes de sospechosos y también las de los propios policías.
Un caso que conmovió a Lula
En repetidas ocasiones el presidente Luis Inácio "Lula" Da Silva se ha mostrado muy duro contra el "gatillo fácil" policial. Pero en 2023 hubo un caso en particular que lo llevó a salir a la palestra pública con todo: fue cuando la Policía de Río de Janeiro asesinó, en un operativo en la favela Ciudad de Dios, a Thiago Flausino, un niño negro de 13 años. Lula denunció la violencia contra "el pueblo pobre negro" ejercida por la Policía carioca, controlada por el gobernador bolsonarista Claudio Castro. "La Policía tiene que saber diferenciar entre un delincuente y un pobre que camina por la calle", aseguró el presidente durante un acto en Río de Janeiro, donde estaba inaugurando obras junto al gobernador Castro y el intendente carioca, Eduardo Paes. Es decir, se lo dijo en la propia cara de las autoridades locales, con responsabilidad sobre sus fuerzas.
Pero el caso de Thiago está lejos de ser un hecho aislado. Según el Instituto Fuego Cruzado, con la muerte del niño, que participa de un proyecto social que proveía jóvenes futbolistas a los clubes de primera división, llegó a 32 el número de adolescentes baleados en Río, de los cuales 15 fallecieron en los primeros meses de 2023.
"El pueblo pobre negro de la periferia necesita ser tratado con respeto para que nunca ocurra lo que pasó con un chico de 13 años por un policía sin preparación. Un ciudadano que le tira a un niño no estaba preparado para ser policía. Necesitamos crear condiciones. La Policía tiene que diferenciar lo que es un bandido y un pobre que camina por la calle. El gobierno federal debe ayudar a los gobernadores. El crimen organizado se está apoderando del país", aseguró un Lula conmocionado por este hecho.
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