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Caucasia: el pueblo donde los más pobres le "incautaron" las tierras a un jefe narco

En Colombia más de 5.000 familias tomaron una enorme territorio que pertenece a un capo de las drogas que fue extraditado a EE.UU. Es la ocupación más grande de todo el país. El líder criminal exige que se la devuelvan. El caos jurídico y la inoperancia podrían favorecerlo.


Por Gabriel Michi


Para algunos será una "usurpación". Para otros, un "acto de justicia". Y habrá muchos que lo pensarán como una combinación de ambas cosas. Es decir, una "usurpación" que, a su vez, constituye un "acto de justicia". Lo cierto es que en Colombia se ha desatado una situación inédita: miles de personas, en condiciones de suma vulnerabilidad social, tomaron tierras que pertenecen a un jefe narco que está preso desde hace años en los Estados Unidos. Y no es un hecho de pequeñas dimensiones. Es la toma de terrenos más grande de la que se tenga memoria en la historia colombiana. Ahora distintos resortes del Estado se han posicionado en un caso que genera muchos debates. Y que incluso llevan a la paradoja de una posible acción judicial y policial (como podía ser un desalojo masivo) que favorezca a un criminal que consiguió esas tierras gracias a su accionar delictivo. De hecho, asì lo viene reclamando desde su presidio en EE.UU., y ya hubo una resolución de la Justicia que lo favoreciò.


Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? La historia remite al año 2001. En ese año, un capo del narco de Colombia, fue extraditado a los Estados Unidos. Juan Gabriel Úsuga Noreña, alias "El Biónico", era una pieza clave del tristemente célebre Cartel de Medellín, la organización criminal que creó y encabezó el temible Pablo Escobar Gaviria. La caída de Úsuga Noreña se dio en medio de la denominada "Operación Milenio". Según cuentan los que presenciaron sus interrogatorios, "El Biónico" buscó conseguir ciertos beneficios en sus condiciones de detención y dio muchos nombres de otros capos narcos, como también de expertos financieros que lavaban el dinero malhabido y que estaba directamente relacionados con el negocio de la cocaína. Pero los problemas para Noreña no paraban de llegar: el 28 de mayo 2004 la Dirección de Investigaciones Criminales y la Fiscalía ocuparon 50 propiedades del narcotraficante. Entre los bienes había departamentos, fincas, oficinas y garajes, valuados en 40 mil millones de pesos colombianos (unos 15 millones de dólares de aquel entonces). Las propiedades estaban ubicadas en distintos puntos del país: Bogotá, Medellín, Cartagena, Cajicá (Cundinamarca), Sopetrán, Venecia y Puerto Berrío, en Antioquia. Y en un lugar en particular, Caucasia.


Allí, un enorme predio vacío entró en un enorme laberinto jurídico, en el que su titularidad quedó en un limbo, aunque la Justicia haya confirmado que le pertenece al capo narco detenido en EE.UU. Esa indefinición tuvo una definición de facto: el pasado 24 de marzo, en el fin de semana de Pascuas, cientos de familias comenzaron a protagonizar la mayor toma de tierras de toda la Historia de Colombia. Hoy ya son más de 5.000 personas las que se instalaron con sus construcciones precarias en lo que antes fue la "Hacienda Santa Helena", perteneciente a "El Biónico", un lote de 378 hectáreas donde cabe casi entera la comuna La América de Medellín. La superficie equivale a 530 canchas de fútbol del tamaño del Estadio Santiago Bernabéu u ocho veces la Ciudad del Vaticano. El propio alcalde local, Johan Montes ratificó las dimensiones de la inédita toma de tierras y la compleja situaciòn jurídica y social a la que se enfrentan.


Desde hace más de dos décadas que la "Hacienda Santa Helena" está frente a un gigantesco intríngulis de indefiniciones de la Justicia. Ese espacio donde el calor y la humedad se mezclan con la pobreza y la violencia, hoy es noticia por esta usurpación popular. El predio está ubicado en una zona residencial, cerca del parque principal y de un centro comercial. Por allí pasa la ruta troncal Occidente, que recorre toda Colombia de Sur a Norte, de Ipiales a Barranquilla. Ese enorme terreno se levanta sobre una gran llanura y hasta tiene un lago en el medio que, según cuentan, formaría parte de un proyecto de campo de golf.


Hace tiempo que las distintas dirigencias políticas venían amagando con la posibilidad de un plan de viviendas populares en ese espacio. Sin embargo, los hechos se precipitaron -después de 20 años de estancamiento- cuando, el "Domingo de Ramos" pasado, cientos de personas de distintos lugares cercanos entraron en la "Hacienda Santa Helena" para quedarse con alguno de los lotes subdivididos y que miden seis metros de frente por doce de fondo. Ya hay hasta calles trazadas de 8 metros de ancho (las principales) y 6 metros (las secundarias). Existe una parada de mototaxistas cerca del lago, que es muy útil porque es una fuente de trabajo y porque aún no ingresa el transporte público. Entre los ocupantes hay muchas familias venezolanas desplazadas.


Hace pocos días, el 11 de abril, el propio presidente colombiano Gustavo Petro visitó Caucasia, peo aún no era muy conocida la ocupación, que en ese momento involucraba a no más de 200 personas. La visita del primer mandatario no tenía relación con lo que ocurría en "Santa Helena" sino que llegó allí, acompañado del ministro de Minas y Energía, para formalizar a 156 mineros de la región. En ese contexto, algunas de las personas que participan de la toma de tierras se manifestaron (vestidos de blanco) y pusieron al frente de la protestas a sus niños con carteles que decían: “Familias en lucha por la vivienda digna”. La movida tuvo éxito ya que despertó el interés de Petro quien en su discurso ordenó: "Alcalde, usted aquí como primera autoridad, le solicito: háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas, no para que nos engañen, ojo, a precio comercial y tierra fértil, nosotros estamos dispuestos a comprarles las haciendas”.


Pero la demanda del presidente no se quedó allí. También alcanzó la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a la que Petro se refirió con una pregunta: "¿Dónde hay predios de la SAE?”. El mensaje fue dirigido al director territorial de la entidad, Mauricio Urquijo, a quien le reclamó. “Si hay un predio urbano o cerca de la ciudad, le pediría que organice a las familias que se han tomado los terrenos para vivienda en una asociación de vivienda y el Gobierno nacional va a ayudarles por autoconstrucción, o sea, trabajando, a construir las viviendas en un barrio que pueda ser legal”. Ese posicionamiento público de Petro parece haber sido interpretado por las familias vulnerables como un semáforo en verde para poder ingresar al predio en cuestión. Y así de 200 ocupantes se llegó a los 5.000 en menos de 20 días.






Por esoi, apenas una semana después de esa exposición del presidente Petro, en la "Hacienda Santa Helena" ya no quedaban más espacios disponibles. Aunque, vale aclarar, nadie se quedó sin su lote. La organización interna es tal que los nuevos habitantes de ese lugar nombraron a 21 líderes, uno por cada sector de la finca, para poder articular las distintas necesidades que van apareciendo. Por ejemplo, ya se dispuso que determinadas personas lleven la basura que se genera a un predio lindante por donde sí pasa el camión recolector. En algunos de esos terruños hay personas que ya levantaron un improvisado y precario comercio donde se venden desde jugos de sandías hasta cervezas, gaseosas, empanadas, papas rellenas, y muchos otros productos. Es más, hasta pusieron una ferretería, muy útil en estos momentos iniciales en los que se comienza con las construcciones de las precarias viviendas.


Durante el día muchos hombres se van a trabajar y las mujeres se quedan cuidando el lote para que no se lo ocupen. Y los niños siguen concurriendo a la escuela del pueblo. Aún no hay electricidad en el lugar. Para bañarse van a la casa de algún conocido fuera del barrio, pero no faltan quienes lo hacen en el lago del "campo de golf".


La mayor parte de quienes hoy habitan esa superficie tomada son personas en situación de vulnerabilidad. Hay desplazados internos e inmigrantes. Casi todos estaban sin un techo donde pasar sus días o pagaban alquileres que se le volvían inaccesibles dados los magros ingresos que podían reunir. Entre quienes se mudaron al campo del narco preso en EE.UU. hay obreros de la construcción, plomeros, vendedores ambulantes y quienes se la rebuscan con las "changas" que circunstancialmente puedan aparecer. Ahora todos ellos sueñan con poder levantar su propio hogar en el predio ocupado. En la "Hacienda Santa Helena" nadie paga alquiler ni pagó para instalarse con sus mínimas pertenencias.


Esas familias se valieron del limbo jurídico en que hoy está esa enorme propiedad que en 1998 fue adquirida por Juan Gabriel Úsuga Noreña, el confeso narcotraficante que, como ya se contó, en 2001 fue extraditado a Estados Unidos. Las escrituras señalan Úsuga pagó por los tres lotes que componen la finca unos 1.225 millones de pesos colombianos, unos 860.000 dólares de aquel entonces. Dos años más tarde, el capo narco puso esas tierras a nombre de una sociedad de su propiedad, “Finca Santa Helena S.A.”. En 2003, en una sospechosa maniobra la vendió a la empresa de transporte de gas y energía, Promigas, por unos $25 millones de pesos colombianos, apenas unos 8.000 dólares. Finalmente, en 2004, la Fiscalía que investigó el caso le embargó la propiedad con fines de "extinción de dominio".


Pese a que el predio debería estar bajo la supervisión de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, es administrada por el agente liquidador privado, Army Judith Escandón, que tiene autoridad para vender, alquilar o permutarlo. Pero el camino recorrido por esas tierras del narco es aún más complejo porque en un fallo de primera instancia, el proceso de "extinción de dominio" salió a favor de Úsuga. Si bien esa resolución puede ser revertida en segunda instancia y la SAE podría disponer del predio como quisiera, hasta que eso no ocurra no tiene autoridad para hacer nada con él. De hecho, el narco detenido -a través de Escandón- ya interpuso un par de querellas policiales y hasta una cautelar para ordenar el desalojo del predio, lo que podría generar un verdadero caos social en el lugar. Y desatar una guerra campal. Además de que podría disparar la paradoja de policías interviniendo a favor de un narcotraficante.


Es difícil que Úsuga consiga su objetivo de recuperar el control de esas tierras que adquirió con el dinero malhabido del narcotráfico. No sólo porque hoy todas las miradas están puestas sobre el accionar judicial, sino también porque la propia SAE ya desautorizó la querella de Escandón. Desde ese organismo señalaron: “La depositaria y algunas autoridades quieren aprovechar la querella para el desalojo por la fuerza y sin garantías, de la finca 'Santa Helena' en Caucasia, Antioquia. Ya solicitamos formalmente a las autoridades locales, suspender cualquier acción al respecto. En este gobierno no se utiliza la fuerza contra el pueblo; nos reuniremos con las familias que hoy ocupan el predio para consensuar alternativas a través del diálogo. A las comunidades les reiteramos que no es la ocupación la vía para acceder a bienes de la SAE”.


Pero el conflicto tiene otros ribetes que también lo complican aún más: Juan Gabriel Úsuga Noreña fue cuñado y socio de Carlos Ramón Zapata, alias "Anestesia", un ex paramilitar y peligroso narco que en los años '80 habría enviado más de 170 toneladas de cocaína a EE.UU. La figura de Zapata apareció representada en la telenovela del "Cartel de los Sapos" que quedó grabada en la memoria de todos los colombianos en la interpretación del gran actor Andrés Parra.


Si bien “Anestesia” ya cumplió su condena por los delitos del narcotráfico, está muy complicado en otros expedientes donde se investiga una red de corrupción (con ramificaciones judiciales) entre muchos otros delitos. En una de las investigaciones aparece un chat del 2 de junio del 2020 entre “Anestesia” y Diego Rafael Patiño Campos, un reconocido empresario de Bogotá, en el que el ex narco habla de "Santa Helena" como “la finca nuestra”. El mensaje señala: “el nuevo testaferro de José Bayron Piedrahíta —alias el 'Árabe' o el 'Patrón de Caucasia'— se llama Faryd Vélez, dueño del Politécnico del Cauca y ficha de Army Judith Escandón. Ya le prometieron la finca nuestra, Santa Helena”. Bayron Piedrahíta fue un poderoso capo del cartel conocido como la "Oficina de Envigado" que, según publica el diario "El Colombiano", "de tanto 'colaborar' con la Justicia sólo ha pagado una condena de seis meses de cárcel en Estados Unidos y en 2022 fue condenado a seis años de cárcel en Colombia por lavado de activos, pues la Justicia determinó que 'este hombre constituyó empresas en Colombia, Argentina y Panamá, entre 1998 y mayo de 2016, con el propósito de ocultar recursos del narcotráfico'". En el medio aparece un contrato de arrendamiento del predio en conflicto -fechado en 2020- muy por debajo del valor real que genera todo tipo de sospechas.


Frente a semejante cuadro de situación las autoridades están tratando de encontrar una solución para las más de 5.000 personas que se instalaron en el litigado terreno. Los quieren reubicar pero los lotes que ofrecen son mucho más chicos que "Santa Elena", además de no contar con semejante ubicación. Lo cual augura más problemas. En un país donde las disputas por las tierras se transformaron en guerras que han dejado miles de muertos y millones de desplazados. Y en el que la desigualdad en la tenencia de la misma es escandalosa. Según un estudio de la Ong Oxfam en 2017, "en Colombia el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño ocupaban el 81% de la tierra disponible, mientras que el 99% restante se repartía el 19% que quedaba. Los predios grandes, que tienen más de 500 hectáreas, pasaron de ocupar cinco millones de hectáreas a 47 millones entre 1970 y 2014". Los procesos de restitución de tierras a los campesinos -prometidas por distintos gobiernos- vienen a paso muy lento, pese al objetivo de acabar "con los grandes latifundios improductivos de los dueños del capital”.


En ese contexto de escasez y concentración de la tierra en Colombia es que más de 5.000 personas, angustiadas y desesperadas por la falta de un techo donde vivir, decidieron jugarse la vida y se animaron a tomar una enorme hacienda que es, ni más ni menos, que de un peligroso jefe narco extraditado en los EE.UU. Un capo criminal que reclama que se lo devuelvan y que, por la acción de sus socios y las complicidades de un mal funcionamiento institucional, podría conseguir su objetivo. Y dejar en la calle, nuevamente, a miles de familias. En una guerra de ricos contra pobres. De victimarios contra víctimas. De poderosos contra vulnerables.




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