Chile: Un paso clave en la búsqueda de las identidades secuestradas en la dictadura

Un juez ordenó la captura de varios involucrados en un sistema de adopciones ilegales que robo y entregó a más de 50.000 niños en los años de Pinochet. Se los quitaban sobre todo a madres pobres y se los daban a extranjeros. Jueces, curas, médicos, entre los acusados.

Por Gabriel Michi

 Las ausencias que dejan los años más oscuros de la historia de un país son la herida más lacerante para una sociedad. Cuando una dictadura se adueña del poder y comete todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos, esas ausencias están representadas por los asesinados, los desaparecidos y los secuestrados que nunca volvieron a sus hogares. En la Argentina esto último quedó expuesto con los hijos de desaparecidos que fueron robados por la dictadura más siniestra: 139 lograron recuperar su identidad tras la inconmensurable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que aún siguen buscando a más de 300. Del otro lado de la Cordillera de los Andes también están tras los rastros de niños que fueron adoptados ilegalmente durante el cruel régimen dictatorial de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque en ese caso no tenían las connotaciones políticas del caso argentino. Ahora, la Justicia chilena da un paso importante al respecto: un juez de apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, dictó el primer procesamiento por casos de sustracción de menores durante la dictadura pinochetista y acusó a cinco personas de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Además solicitó la extradición de la primera encausada -la ex jueza Ivonne Gutiérrez Pávez- desde Israel, pieza fundamental en el engranaje de las adopciones ilegales.

Aguilar ordenó que las cinco personas permanezcan en prisión mientras dure la investigación por los hechos, que ocurrieron en la comuna de San Fernando, a 140 kilómetros de Santiago. Este expediente se centra en la adopción irregular de dos menores de edad entregados a matrimonios extranjeros. Aunque los casos son muchos más. En la década de los 80 -según el magistrado- “existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de edad, cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los US$ 50.000”.

Por la gravedad y las características de los hechos, el juez consideró que se representan delitos de lesa humanidad, por lo que no prescribieron. Y así lo expresó: “se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La investigación apunta que durante la dictadura de Pinochet muchos bebés fueron llevados a agencias de adopción. Mientras que algunos de los niños procedían de familias ricas, que en muchos casos dieron en adopción a bebés extramatrimoniales, otros procedían de familias más pobres, que eran directamente robados y no entregados voluntariamente como pasaba con los casos de los adinerados. Hasta 2022 se buscaban en Chile entre 20.000 y 50.000 niños que habrían sido entregados en adopción en forma irregular en aquellos oscuros años, según estimaciones de la fundación “Madres e hijos del silencio”. Hasta el momento sólo 1.000 se han reencontrado con sus familias, según cifras del Poder Judicial.

La salida de los menores al extranjero se realizó principalmente por dos métodos: por entrega de la tutela del pequeño a un tercero para que viajara y ser adoptado bajo las leyes del país de destino; o por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscrito por los padres adoptivos como propio en otro país.

La ex jueza Ivonne Gutiérrez Pávez -requerida a Israel quien debería ser enviada a Chile por el Convenio Europeo de Extradición-. y los otros encausados están acusados de "sustracción de menores" y "prevaricación dolosa" en la adopción irregular de dos menores de edad hijas de "madres niñas" de la comuna de San Fernando. Los otros imputados son Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas, para los que el juez ha pedido prisión preventiva, así como a Gutiérrez, quien era jueza del Juzgado de Menores de San Fernando.

Este es un primer paso para un hecho que por años careció de justicia. El procesamiento dejó en claro que se trató de una red de robo de menores de familias de escasos recursos que operó en San Fernando para su envío al extranjero. Y el juez lo detalla: "En el mes de enero de 1983, previamente concertados, y actuando por vías de hecho, Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Espinoza León y Laura Silva Sánchez, se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero y para ello también se inició una tramitación judicial ante el propio tribunal de la jueza Gutiérrez". Además los implicados presentaron una solicitud de "tuición" de la niña para sacarla del país para ser adoptada por una mujer de iniciales G.J.D., aunque finalmente la madre logró -con ayuda de personal de Carabineros- recuperar a su hija unos días después.

La jueza Gutiérrez también autorizó "rauda y aceleradamente la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R, con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983". Esta "agrupación delictiva (...) tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro dinerario (50.000 dólares estadounidenses) para sacarlos del país a diferentes destinos de Europa y Estados Unidos", señala el magistrado.

Con el paso del tiempo las denuncias se fueron sumando y a los chicos desaparecidos los denominaron los “Niños del Silencio”. Más allá de que este juicio se centre en la historia de dos menores en particular, los casos de adopciones ilegales son miles. Uno de ellos es el que tiene como víctima -desde hace casi cuatro décadas- a Cecilia Rojas (58), una mujer a la que le robaron a su bebé poco después de haberlo dado a luz. Si bien fue prematuro -nació sietemesino- los médicos y enfermeras le aseguraron que estaba sano y que pronto lo enviarían a casa con ella. “La enfermera puso al bebé sobre mi pecho mientras terminaba el papeleo”, recordó Rojas en una entrevista con CNN. Y agregó: “Luego, me dijo que iban a ponerlo en la incubadora porque estaba un poco pequeño”. Sin embargo, nunca más lo volvió a ver: la misma enfermera le comunicó que su bebé había muerto; jamás le mostraron el cuerpo ni siquiera le dieron el acta de defunción. El caso de Cecilia Rojas y su bebé sintetiza el de muchos otros que padecieron esa maquinaria de secuestro de bebés y adopción ilegal durante la dictadura pinochetista. “La verdad es que vivíamos en una época en la que teníamos miedo de hablar sobre cualquier cosa. Crecí con ese miedo. Nunca volví a preguntar. Cuando me dieron de alta del hospital, mis hermanas hicieron preguntas y no lograron nada”, relató la mujer que luego tuvo otros cuatro hijos pero que nunca olvidó a su primogénito que le robaron.

Como se mencionó, la mecánica se utilizaba en ambos extremos de la pirámide social. En las clases altas de la sociedad chilena le quitaban sus bebés a las mujeres solteras para proteger la reputación y el honor de la familia cuando surgía de relaciones extramatrimoniales. En tanto, en las clases más bajas simplemente robaban y vendían a los niños de mujeres que no tenían cómo defenderse y que vivían en extrema vulnerabilidad.

Otros casos salieron a la luz: por ejemplo, el de Constanza del Río (41), una diseñadora gráfica de Santiago, que siempre sospechó que era adoptada pero se lo negaban hasta que sus padres finalmente le contaron la verdad. Sin embargo, los registros habían sido alterados para que pareciera que su madre adoptiva la había dado a luz pero ella sigue buscando a sus padres biológicos.

Otro caso fue el de Ester Herrera (33), especialista en comunicaciones internas con el gobierno chileno, quien también sospechaba de sus orígenes porque no se parecía físicamente a su madre; encima su certificado de nacimiento sostenía que su supuesta progenitora tenía 51 años al momento de parir. Antes de morir, la mujer le confesó que una comadrona la llevó a su casa cuando ella tenía apenas 2 días. Herrera confirmó que un médico falsificó su registro de nacimiento. Pero la clínica donde nació ya no existe. Y está esperando algún resultado a través del ADN. Es otro caso en el que se multiplican las preguntas y faltan las respuestas.

Lo que se sabe hasta el momento es que en el mecanismo de adopción ilegal no sólo intervinieron jueces, abogados, funcionarios, enfermeras, organizaciones civiles (entre muchos otros actores) sino que también tuvieron participación sacerdotes de la Iglesia Católica. Uno de ellos es Gerardo Joannon, quien está siendo investigado por las autoridades chilenas como sospechoso en algunas de estas adopciones ilegales. Lo acusan de haberle arrebato los bebés a sus madres biológicas, a través de la coerción o el engaño para darlos en adopción a familias adineradas. Según Marcela Labraña, directora de la agencia de bienestar infantil de Chile (SENAME), “Parece que el padre Joannon se ponía en contacto con los padres o abuelos de los bebés que estaban a punto de nacer. Generalmente, eran familias de clase alta en Chile. Las madres eran solteras y muy jóvenes”.

El periodista Gustavo Villarrubia, precursor en difundir la historia de los “niños del silencio” señaló que sacerdotes, médicos, enfermeras y clínicas aparentemente conspiraron en un complot criminal que se extendió por lo menos durante dos décadas. Sus descubrimientos, publicados en el prestigioso Centro de Investigaciones Periodísticas de Chile (CIPER) fueron reveladores: “Nos dimos cuenta de que ésta era una práctica común. Se robaban a los niños y los entregaban a otras familias. Engañaban a la madre biológica. En algunos casos, le decían que el niño había muerto. Ginecólogos, sacerdotes, enfermeras, comadronas y hospitales o clínicas eran parte de una conspiración para que esto fuera posible y nadie supiera la verdad”.

A CIPER el sacerdote Joannon le dijo que en los años '70, la sociedad chilena despreciaba a las adolescentes solteras que resultaban embarazadas, y que algunos padres querían que las niñas abortaran. Y que él sólo se limitaba a poner a las niñas embarazadas en contacto con los médicos, quienes, a su vez, las conectaban con familias que no podían tener bebés. Y se trató de justificar argumentando que lo hizo para salvar a los bebés de ser abortados. En otra entrevista (con Canal 13) negó haberle dicho a las mujeres que sus bebés habían muerto: “Nunca le dije a nadie que los bebés habían muerto porque yo ni siquiera sabía si habían nacido, o si eran hombres o mujeres. Nunca supe nada”.

Sin embargo otros miembros de la Iglesia lo desmienten y lo acusan: por ejemplo, el padre Alex Vigueras, líder de la Congregación de la Orden de los Sagrados Corazones en Chile, aseguró que Joannon no sólo "facilitó" las adopciones ilegales, sino también celebró misas conmemorativas para los bebés que habían sido robados como si hubieses fallecido pero que en realidad estaban vivos, algo que el cuestionado sacerdote negó. Es más, Vigueras le ordenó que reconociera públicamente su papel en las adopciones ilegales y que pidiera perdón, algo que hasta el día de hoy Joannon no ha hecho. Sin embargo no quiere su encarcelamiento: “Los crímenes tienen que ser probados por las autoridades civiles o el derecho canónico, y muchos de esos posibles delitos ya no puede ser procesados (a causa de la ley que fija términos de prescripción)”, algo que la Justicia no comparte ya que considera que son delitos de lesa humanidad. Según las autoridades, Joannon estaría implicado en al menos 15 casos, pero el sacerdote le dijo al CIPER que serían 4.

Además hay varios hospitales y clínicas que son investigados por las adopciones ilegales o el robo de bebés. Por ejemplo, el Hospital Barros Luco Trudeau (en el centro de Santiago) estaría involucrado al menos tres adopciones irregulares. Karen Lara (39) dijo que hace 24 años le robaron a su bebé en ese hospital, cuando ella tenía 15 años y ya estaba casada. “Fue un parto norma. Pusieron al bebé sobre mi pecho. Era un bebé completamente normal, y estaba caliente cuando lo pusieron en mi pecho. Yo sé que él no murió”. Pero eso fue lo que le dijo una enfermera horas después. Como a otras mujeres, jamás le mostraron el cuerpo ni le entregaron el certificado de defunción. “Tal vez esto me pasó a mí porque yo era tan joven. No tenía la fuerza para defenderme. Todo el mundo me cerraba las puertas. No le daban respuestas a nadie, ni siquiera a mi madre o a mi esposo”.

Algunos de los responsables de las adopciones ilegales han muerto y muchas de las clínicas u hospitales donde los niños supuestamente fueron robados ya no existen. Pero todavía quedan algunos sospechosos con vida sobre los que hoy la Justicia está avanzando. En el medio, estas historias inconclusas afectan a miles de personas que siendo bebés o niños fueron secuestrados de sus familias. Y fueron entregados en una adopción ilegal, bajo el amparo de un gobierno siniestro como el de Augusto Pinochet, robándoles lo más importante: sus identidades.

Un caso emblemático

El 29 de agosto de 2023 MundoNews publicaba la nota "La conmovedora historia que revela cómo se robó niños en la dictadura de Pinochet" en la que se contaba el caso de Jimmy Lippert Thyden, un hombre de 42 años que vive en EE.UU. y que en ese momento se pudo abrazar con su madre chilena, María Angélica González, en un hecho que dejaba al desnudo cómo durante el gobierno militar se secuestró a centenares de bebés recién nacidos y que fueron vendidos.

Fueron 6.025 días de terror. 860 semanas. 197 meses. 16 años y medio. Eso fue lo que duró la peor pesadilla que sufrió Chile: la dictadura del siniestro Augusto Pinochet (1973-1990). Durante todo ese tiempo, se cometieron los más atroces delitos y violaciones a los Derechos Humanos. Algunos conocidos. Y otros, no tanto. Una de las facetas desconocidas de la criminalidad de aquellos años fue el sistemático robo de bebés. Uno de los delitos más inhumanos. Y que, como en el caso de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, demuestra que sus consecuencias trascienden el tiempo y sus dolorosos efectos continúan hasta el presente. Así quedó en evidencia en el caso de Jimmy Lippert Thyden, un hombre de 42 años que vive desde bebé en EE.UU. y que recién en 2023 se pudo abrazar con su madre chilena, María Angélica González, a quien se lo arrebataron en 1981.

En aquel entonces, trabajadores del hospital donde la mujer fue a dar a luz se llevaron al recién nacido y le dijeron a su madre que el pequeño había fallecido. Pero nunca le mostraron el cuerpo. Desde ese momento su madre nunca dejó de llorarlo. "Derramé un océano de lágrimas por tí", le dijo María Angélica a su hijo en medio del emocionado abrazo de reencuentro en su casa de Valdivia. “Te quiero mucho”, le contestó Jimmy, en español.

El camino a ese conmovedor reencuentro no fue nada sencillo. En abril de 2023, Thyden leyó una noticia acerca de personas adoptadas nacidas en Chile que se habían reunido con sus parientes biológicos con la ayuda de una ONG llamada "Nos Buscamos". Él se comunicó con la organización que descubrió que había nacido prematuramente en un hospital de Santiago y había sido colocado en una incubadora. A su madre la obligaron a irse del hospital, pero cuando regresó a buscar a su bebé, le dijeron que había muerto y que su cuerpo había sido desechado.

Su historia no es una excepción. "Nos Buscamos" estima que decenas de miles de bebés fueron arrebatados a familias chilenas en las décadas de 1970 y 1980, basándose en un informe de la Policía de Investigaciones de Chile que revisó los pasaportes en papel de niños chilenos que abandonaron el país y jamás regresaron. "La verdadera historia fue que estos niños fueron robados de familias pobres, mujeres pobres que no lo sabían. No sabían defenderse”, expresó Constanza del Río, fundadora y directora de la ONG. "Simple y llanamente robaban niños y los vendían. No era para salvarlos de la pobreza o evitar que se murieran de hambre o lo que fuera. Esa era la película que presentaban. Pero la verdadera historia era que estos niños eran robados a familias pobres", explicó Del Río.

La trata de niños en Chile y la sustracción de sus identidades fue algo muy extendido durante la dictadura pinochetista. Esos delitos tan aberrantes se dieron en un contexto de un gobierno siniestro que asesinó y desapareció al menos a 3.095 personas, además de decenas de miles más que fueron víctimas de torturas o encarceladas por motivos políticos. El trabajo de "Nos Buscamos" durante todo este tiempo rindió sus frutos: logró que más 450 personas adoptadas se reúnan con sus familias biológicas en los últimos 9 años. Asociada con la plataforma de genealogía MyHeritage, que facilita kits gratuitos de pruebas de ADN en el hogar para distribuirlos a adoptados chilenos y presuntas víctimas de trata de niños en Chile, logró dar con la identidad de Thyden: no sólo confirmaron que era 100% chilenos sino que lo acercaron a un primo hermano que también usa la plataforma MyHeritage.

Cuando Thyden supo que su madre era María Angélica González, intentó conectarla por teléfono, pero nunca le respondió. Hasta que le envió un mensaje de texto con una foto de su esposa e hijas. Y allí sí, la mujer no pudo contenerse. El hombre le mandó más fotografías de la familia estadounidense que lo había adoptado, otras que rememoraban su paso por la Infantería de Marina de los EE. UU., su boda y muchos otros momentos importantes de su vida.

Finalmente, Thyden vendió un camión de su propiedad para poder viajar a Chile con su esposa, Johannah, y sus dos hijas, Ebba Joy, de 8 años, y Betty Grace, de 5, para conocer a su familia biológica. Cuando ingresó en la vivienda se encontró con 42 globos de colores, representando cada año que pasó lejos de los suyos y sin saber nada de su verdadera identidad. Y fue allí cuando su madre biológica le confesó: “Mijo (hijo), no tienes idea de los océanos de lágrimas que he llorado por tí. Cuántas noches he pasado despierta orando para que Dios me permita vivir lo suficiente para saber lo que te pasó”.

Los padres adoptivos de Thyden apoyaron el viaje de reencuentro. "Ellos fueron víctimas involuntarias" de una red de adopción ilegal de alcance internacional, cuenta el hombre. Y continúa: “Mis padres querían una familia, pero nunca la quisieron así. No por extorsión a otro, ni por robo a otro”. Y señala que “los trámites que tengo para mi adopción me dicen que no tengo familiares vivos. Y en los últimos meses me enteré de que tengo una mamá y cuatro hermanos y una hermana”. Sus declaraciones surgieron en una entrevista que brindó desde Ashburn, Virginia, donde trabaja como abogado defensor penal representando a “personas que se parecen a mí” que no puede pagar un abogado. Él califica su caso como un hecho de “adopción falsificada”.

Esta experiencia puede servir para la búsqueda de otros similares. Y para el reencuentro de familias disgregadas a la fuerza por estas mafias de la trata de bebés que operaron bajo el amparo de la dictadura de Pinochet. Por eso, mientras estuvo en Chile, Thyden acompañó a del Río a una reunión con uno de los siete investigadores que trabajan para abordar miles de casos de adopción falsificada. "No queremos dinero, sólo queremos el reconocimiento humano de que esta cosa horrible sucedió en Chile y el compromiso de que esto no seguirá sucediendo en el futuro", explicaron desde la ONG.

La idea es instrumentar ayuda a los adoptados chilenos que viven en el Exterior en sus esfuerzos por visitar su país de origen. “La gente necesita poder decidir... cuál será su nombre, dónde será su ciudadanía. Deberían tener acceso a ambo. Deberían tener todos los derechos y privilegios de un ciudadano chileno porque esto es algo que les pasó a ellos, no que ellos lo eligieron”, señaló la titular de la ONG.

Vale decir que además de "Nos Buscamos" existen otras organizaciones sin fines de lucro que están haciendo un trabajo similar, como por ejemplo, "Hijos y Madres del Silencio" (en Chile) y "Connecting Roots" (en Estados Unidos). La sospecha es que puede haber cientos de casos similares. De identidades que fueron robadas durante un régimen dictatorial que le dio amparo a ese y muchísimos otros delitos. Y que alejaron a miles de niños de su historia, de su familia. Algunos de ellos, como Thyden, pudieron -muchos años después- encontrar su camino a casa. Su camino a la identidad. Otros, aún no. Y quizás ni siquiera imaginen que tenían otra vida, otros afectos, otros amores, antes de ser lo que hoy son. Por esas historias inconclusas o incompletas es que casos como este ayudan a abrir los ojos, Y revelan otra cara de las atrocidades durante los años de Pinochet.

La imagen de Thyden con su familia después de 42 años de desconocer su historia y su identidad.