El largo brazo de la Justicia Universal llegó a Filipinas
- MundoNews
- 11 mar
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Por orden de la Corte Penal Internacional detuvieron y extraditaron al ex presidente Rodrigo Duterte. Es por las masacres cometidas con la excusa de la "lucha contra el narcotráfico".
Por Gabriel Michi
Lo apodaron "El castigador". También "Harry Duterte" (jugando con la película "Harry, el sucio"). Y todo eso tenía un sentido. Porque se basaba en el perfil que él quería mostrar, desafiando todos los límites. Incluso el de las leyes. Pese a ser la máxima autoridad de un país. Pero eso se acabó y en el escenario apareció un hecho impensado en el pasado. El ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte (79), fue detenido en el aeropuerto de Manila cuando llegaba de un viaje a Hong Kong. La orden partió de la Corte Penal Internacional (con sede en La Haya) y es por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el ex mandatario en su promocionada "lucha contra el narcotráfico". La Justicia filipina acató la disposición de la CPI y arrestó al hombre que gobernó con mano de hierro ese país entre 2016 y 2022, período en que según el propio Estado y su Policía mataron a más de 6.000 personas en esa persecución contra el narco aunque según los organismos de Derechos Humanos esa cifra fue mucho mayor y podría oscilar entre los 12.000 y 30.000 asesinados por parte de las fuerzas oficiales y paraoficiales. En la investigación de esos abusos se basó la orden de detención decretada por la CPI. Así el largo brazo de la "Justicia Universal" llegó a Filipinas. Ahora es trasladado a La Haya, lo que lo convierte en un hecho histórico porque será el primer ex jefe de Estado de Asia en ser juzgado en la Corte Penal Internacional.
El actual presidente Ferdinand Marcos Jr. dijo en una conferencia de prensa que un avión que transportaba a Duterte despegó a las 23.03 hora local del martes. “El avión se dirige a La Haya, en los Países Bajos, lo que permitirá al expresidente enfrentar cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”, dijo. La hija menor del ex presidente detenido y deportado, Verónica Duterte, dijo en las redes sociales que el avión había sido utilizado para “secuestrar” a su padre. En Instagram la mujer había mostrado previamente un video desde la base aérea Villamor de Manila -donde se encuentra detenido en este momento- en el que el ex líder cuestionó el motivo de su arresto: "¿Cuál es la ley y cuál es el delito que he cometido? No me trajeron aquí por mi propia voluntad, sino por la de otra persona. Ahora tienes que responder por la privación de libertad". Estas declaraciones son parte de su embestida contra la CPI que empezó hace años. En más de una ocasión hasta se llegó a burlar de la Corte Internacional y en 2019 ordenó el retiro unilateral de Filipinas del Tratado fundacional del Tribunal, cuando comenzaban las investigaciones en su contra por las acusaciones de presuntos asesinatos sistemáticos de traficantes de drogas bajo su supervisión. Según la CPI, como se habrían cometido crímenes de lesa humanidad cuando ese país era miembro del mismo, eso los habilita para avanzar en el expediente.
En un principio Filipinas se había negado a cooperar, pero el gobierno de Ferdinand Marcos cambió de postura en noviembre pasado y comenzó a dar señales de que daría cumplimiento a una orden de arresto si la CPI lo requería. Y así fue. La detención llegó apenas unas horas después de que el polémico Duterte -en medio de una pesquisa que está llevando adelante el Congreso filipino en la que señaló "No tengo nada que ocultar. Lo que hice lo hice por mi país y por los jóvenes. No hay excusas. No hay disculpas. Si voy al infierno, que así sea" - desafió a la CPI a "apresurarse" con su investigación: "Ya estoy viejo, podría morir pronto. Podrían perderse el placer de verme de pie ante el tribunal escuchando la sentencia, sea cual sea", dijo Duterte, añadiendo que asumía toda la responsabilidad por lo sucedido. Al fin y al cabo, sus "deseos" se hicieron realidad antes de lo que pensaba.
La "mano dura" de Duterte ya había sido su sello distintivo cuando fue alcalde de su ciudad natal, Davao, y mostraba sus cacerías contra la delincuencia. Cuando ganó las elecciones presidenciales en 2016 (con el 40% de los votos) prometió llevar ese esquema de "la ley y el orden" sin contemplaciones a todo el país. De hecho, fue esa pretendida "guerra contra las drogas" la que le permitió a este ex fiscal, de carácter duro e irascible, ganar esos comicios pese a haber prometido que su forma de hacerlo sería "matar a los narcotraficantes" e incluso ir contra los consumidores. Y ni bien asumió se puso manos a la obra con lo comprometido y comenzó una pelea contra la delincuencia que, según miles de testimonios, se convirtió en una verdadera "cacería humana", donde participaron las fuerzas de seguridad pero también "escuadrones de la muerte".
Pese a las críticas y el complicado panorama judicial que enfrenta, Duterte ha defendido en más de una oportunidad lo ocurrido en esos años de plomo en los que detentó el poder. Aunque aclaró que su orden era que la Policía sólo matara en defensa propia y cuando estuviera en riesgo su vida, su prédica fue mucho más allá y argumentó que estaba dispuesto a "pudrirse en la cárcel" si eso significaba librar a Filipinas de las drogas. A principios de esta semana, en un mitin en Hong Kong, un provocar Duterte declaró que estaba dispuesto a ser arrestado y dijo sobre su mandato: "¿Cuál es mi pecado? Hice todo lo posible por la paz y una vida pacífica para el pueblo filipino".
Las denuncias por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y de todo tipo de abusos en la promocionada lucha contra el narcotráfico chocan con las versiones que han dado las fuerzas de seguridad filipinas. Según la Policía, 6.200 sospechosos fueron asesinados durante operaciones antidrogas que, según afirman, terminaron en tiroteos donde los uniformados se habían enfrentado a delincuentes que pusieron en riego sus vidas, negando las denuncias sobre presuntas ejecuciones sistemáticas. Muy distinta es la versión de los familiares de los muertos e incluso de activistas de los Derechos Humanos que señalan que el saldo real de la campaña de Duterte fue mucho mayor y que incluso entre las víctimas hay miles de consumidores de drogas de barrios marginales. De hecho, el fiscal de la CPI llegó a estimar que 30.000 personas podrían haber sido asesinadas por la Policía o por individuos no identificados. Vale recordar que durante la presidencia de Duterte, el mismo mandatario incentivaba a la población a salir a "cazar" narcotraficantes. Los denominados "vigilantes" bajo su dirección asesinaron a sospechosos de tráfico de drogas desarmados en una escalada masiva que se desató durante aquel gobierno.
Frente a la detención del ex presidente, Leila de Lima, una ex senadora que fue encarcelada por el gobierno de Duterte meses por dirigir una investigación sobre los asesinatos relacionados con las drogas, dijo que las familias de las víctimas habían luchado valientemente por la Justicia. Y agregó: "Duterte tiene que responder, no ante mí, sino ante las víctimas, ante sus familias, ante un mundo que se niega a olvidar".
En tanto, Randy de los Santos, tío del estudiante de secundaria Kian de los Santos, un joven que fue asesinado por la Policía y cuyo crimen despertó una ola de indignación en la sociedad filipina, señaló que el arresto de Duterte fue un acto de "verdadera justicia": "Al menos tiene la oportunidad de defender a su bando, a diferencia de las víctimas de su guerra contra las drogas", dijo sobre el ex presidente.
Duterte fue un provocador desde siempre. En su campaña hacia la Presidencia en 2016, llegó a decir: "Olvídense de las leyes sobre Derechos Humanos. Si llego al Palacio Presidencial, haré lo mismo que hice como alcalde. Ustedes, traficantes de drogas, ladrones y holgazanes, mejor salgan. Porque los mato". También expresó: "Los arrojaré a todos ustedes (los criminales) a la bahía de Manila y engordaré todos los peces que allí haya". Y ante la sorpresa de la prensa internacional, doblegó su apuesta: "Yo digo que matemos a cinco criminales cada semana, así serán eliminados".
Ya en el poder, la Policía mató a más de 2.000 personas en los meses posteriores a la investidura de Duterte el 30 de junio y hasta finales de ese 2016. La mayoría de las muertes fueron descriptas por las autoridades como "tiroteos", es decir, contra un enemigo que también disparó. Sin embargo, muchos testimonios desmentían esos escenarios. Aun así, con semejante represión y violencia, la popularidad de Duterte no bajaba. Por ejemplo, una encuesta de opinión publicada por la agencia de investigación Social Weather Stations en diciembre de 2016 mostró que el 77% de los filipinos estaban satisfechos con el desempeño del polémico presidente.
Sin embargo, distintas investigaciones fueron poniendo luz sobre lo que estaba ocurriendo en realidad. En 2018, los periodistas de Reuters recibieron un premio Pulitzer por una serie de artículos de investigación sobre la guerra contra las drogas, incluido el rastreo de imágenes de cámaras de seguridad que contradecían los relatos oficiales de asesinatos en "tiroteos", según cuenta la prestigiosa agencia internacional de noticias.
Lo que mostró la prensa internacional se acercó mucho más a la realidad que contaban los familiares de las víctimas que al relato oficial (la Policía hablaba de 6.200 muertos en tiroteos y el gobierno filipino reconocía 6.248). Es más, entre los asesinados huno miles de consumidores de drogas urbanos y pobres, muchos de ellos incluidos en "listas de vigilancia" oficiales, asesinados en circunstancias muy sospechosas. Pese a eso, Duterte jamás se disculpó y argumentó que supuestamente le dijo a la Policía que matara sólo en defensa propia. Sin embargo, cuando fueron exhumados los cuerpos se encontraron con realidades bien diferentes a lo que decían los registros oficiales. Había certificados de defunción que indicaban causas naturales y en realidad había rastros bien claros de violencia. Por ejemplo, en un caso se señalaban que una persona había muerto de neumonía y en realidad tenía un orificio de una bala que había resultado letal.
La investigación de la Fiscalía de la CPI se inició en febrero de 2018 y pese al intento de frenarla por parte de Duterte retirando a su país de el Tratado que le da origen a la Corte, el Tribunal siguió investigando porque sus Estatutos señalan que si los hechos denunciados ocurrieron mientras que esa nación era miembro, puede avanzar. Esa investigación se detuvo en 2021 cuando Filipinas informó que su sistema judicial iba a avanzar en las causas contra Duterte. Pero en 2023 la CPI retomó el expediente al comprobar que la Justicia filipina no hacía nada para avanzar. Si bien en un principio el actual gobierno de Ferdinand Marcos Jr. había señalado que no iba a colaborar con la CPI, a fines de 2024 cambió de posición y expuso que sí cumpliría con cualquier orden de arresto que sea emitida por el Tribunal Penal Internacional. Y eso es lo que acaba de ocurrir en las últimas horas. Ahora Duterte fue detenido y subido a un avión rumbo a La Haya, cumpliendo así con algo que parecía imposible: que un otrora todopoderoso pueda caer y que el largo brazo de la "Justicia Universal" llegue hasta Filipinas.
EL PERFIL DE UN LIDER POLÉMICO
Rodrigo Duterte está a punto de cumplir 80 años. Nació el 28 de marzo de 1945 en Maasin y es hijo de un ex gobernador de la provincia de Davao. Su madre fue profesora y activista.. El polémico presidente se graduó en Ciencias Políticas y Derecho. En los años '70 fue fiscal de Davao, tercera ciudad más poblada de Filipinas, donde fue elegido alcalde en 1988, cargo que repitió en siete oportunidades, pero con algunos períodos intercalados en la Cámara de Representantes de Filipinas en 1998 y como vicealcalde en 2010 para evitar las reglas de límite de mandato. Pero su carrera política en realidad tuvo un impulso especial cuando fue nombrado vicealcalde de Davao en 1986 por Corazón Aquino, quien acababa de liderar la revolución del Poder Popular que puso fin a la dictadura de Ferdinand Marcos, padre del actual presidente de Filipinas. La madre de Duterte incluso encabezó las protestas que expulsaron a los líderes de la ciudad asociados con Marcos.
El entonces alcalde Duterte se jactó siempre de haber transformado -con su mano dura- a Davao en una de las ciudades más seguras del país. En ese camino usó y abusó de los "toques de queda" y de imponer todo tipo de restricciones a las libertadas de los ciudadanos. Por ejemplo, más allá de las medidas extremas contra el crimen, también persiguió a quienes fumaran en público. Sin embargo, sus críticos denunciaron que esa presunta baja en la criminalidad fue el resultado de las matanzas perpetradas por "vigilantes" que no eran otra cosa que "escuadrones de la muerte" que asesinaron al menos a 1.400 personas en Davao desde 1998, la mayoría de ellas traficantes de drogas, drogadictos, pequeños delincuentes y niños de la calle. Duterte negó siempre cualquier implicación como alcalde -y después como presidente- en los asesinatos cometidos por "vigilantes".
Pese a semejantes polémicas, a Duterte finalmente lo eligieron como primer mandatario filipino en 2016. Ni bien asumió empezó a mostrar una diferenciación de la cercanía histórica que Filipinas tuvo con los Estados Unidos y se comenzó a mostrar más próximo con China. En una visita a Beijing en noviembre de 2016, prefirió no mencionar una disputa en curso sobre las amplias reclamaciones territoriales de China en el Mar de China Meridional, pese a que un tribunal internacional respaldó la posición de Filipinas. En el mismo sentido, en 2020, Duterte puso fin a un pacto que permitía a las tropas estadounidenses operar en su país, sin embargo, el período de retirada se extendió y en marzo dijo que EE.UU. debe "pagar" para mantener el acuerdo. Como contraposición, se mantuvo respetuoso con las reclamaciones chinas sobre los bancos de arena y arrecifes del Mar de China Meridional, chocando con la opinión pública de su nación, mientras negociaba miles de millones de dólares en ayuda, préstamos e inversiones en infraestructura, muchos de los cuales no se materializaron. Esa política pro-China cambió con su sucesor que restableció fuertes lazos militares con Estados Unidos.
En las elecciones de 2022, Duterte fue sucedido como presidente por Ferdinand Marcos Jr., hijo del ex dictador, y su hija Sara Duterte fue elegida vicepresidenta, pese a los enfrentamientos que hubo entre ambas familias en el pasado. Tarde o temprano esa particular alianza entre los Marcos y Duterte se rompió. Fue en 2024 cuando Sara Duterte fue destituida acusada de "anomalías presupuestarias", enriquecimiento inusual y una supuesta amenaza a la vida de Marcos. El juicio político podría comenzar en junio próximo.
La expulsada presentó una apelación ante la Corte Suprema contra el "impeachment" y negó repetidamente cualquier irregularidad. E hizo lo que hacen todos: afirmó que la decisión de destituirla de su cargo escondía otras motivaciones políticas.
UNA LARGA LISTA DE ACUSADOS POR LA CPI
El caso del hoy preso ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, no es el único que la Corte Penal Internacional viene siguiendo y que ha motivado su actuación y una orden de detención contra un poderoso. Tal como informó MundoNews en noviembre de 2024, la lista es extensa y diversa. Y tiene impacto en todo el Mundo. Entre los países afectados y los que se supone que no. La nómina de personas con pedido de captura de la Corte Penal Internacional sumó en ese momento un nombre muy poderoso: el del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En la misma decisión la CPI también ordenó la detención de su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant y del líder militar de Hamás (supuestamente fallecido) Mohammed Deif. Así el premier israelí se sumó a una lista de 60 individuos con órdenes de arresto. De ellos, 21 fueron detenidas y comparecieron ante el tribunal y unas 30 personas siguen en libertad. En tanto, el tribunal ya dictó 11 sentencias condenatorias y cuatro absolutorias. Netanyahu condenó la orden y afirmó que Israel “rechaza con disgusto las acciones absurdas y falsas”. El premier israelí comparte ahora el mismo status con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, entre otras personas sobre las que la CPI ordenó sus detenciones.
Para la Corte Internacional, Netanyahu y Gallant son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza, donde, según informes, más de 44.000 personas han muerto y más de 104.000 han resultado heridas en estos 13 meses que han pasado desde que comenzó este nuevo capítulo de la guerra entre Israel y Hamás, tras el brutal ataque de ese grupo que dejó más de 1.200 fallecidos y 250 secuestrados (101 aún en cautiverio en la Franja de Gaza) el 7 de octubre de 2023. Por ese ataque terrorista es que se ordenó la captura del líder militar de Hamás, Mohammed Deif, acusado de asesinatos, violaciones, torturas y toma de rehenes, también dentro de un marco de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, vale aclarar que Israel ha señalado hace meses que Deif murió en un ataque de su Ejército. El grupo Hamás no hizo referencia a ese tema pero festejó las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant después de lo que llamó décadas de injusticia por parte de una “ocupación fascista”.
Vale decir que Israel no forma parte de la Corte PenaI Internacional, un tribunal permanente de última instancia establecido en 2002 y que busca el juzgamiento de personas por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión que no son investigadas por las Justicia de sus respectivas países. Hay 124 Estados miembros que firmaron el tratado que creó al Tribunal. Pero hay decenas de países no lo han firmado y no aceptan la jurisdicción del tribunal, entre ellos Israel, Estados Unidos, Rusia y China. En el caso israelí, sus autoridades sostienen que su sistema judicial funciona y por eso no tendría porque intervenir en su caso.
Las órdenes de captura contra Netanyahu y Gallant podrían complicar sus viajes al exterior porque cualquier país que acepte la jurisdicción de la CPI debe proceder a arrestarlos ni bien pise su territorio, pero el Tribunal no tiene otra forma de cumplir con ese objetivo -no cuenta con una fuerza policial propia- de no ser por la colaboración de las autoridades locales. Aunque es muy poco probable que ambos comparezcan ante los jueces de La Haya en un futuro próximo.
Para disponer la captura de los funcionarios israelíes, el tribunal argumentó que hay motivos razonables para sostener que Netanyahu y Gallant (quien fue reemplazado hace pocas semanas), son responsables como "coautores" del "crimen de guerra de hambre" y "crímenes contra la humanidad", entre ellos asesinatos, persecuciones y otros actos delictivos, aunque estableció que no pudo probar la acusación de "exterminio". Para llegar a esa conclusión los jueces se basaron en testimonios que demuestran que los residentes de Gaza fueron privados de necesidades básicas como alimentos, agua, electricidad y suministros médicos y que eso provocó consecuencias gravísimas "calculadas para provocar la destrucción de parte de la población civil en Gaza". Esa situación derivó en la muerte de niños y otras personas por desnutrición y deshidratación. A ese dramático cuadro se suma que, según la CPI, también pesa sobre ellos la acusación de haber impedido que los suministros hospitalarios y los medicamentos ingresaran a la Franja de Gaza. Eso hizo que los médicos, por ejemplo, se vean obligados a operar y realizar amputaciones sin anestesia o medios inseguros de sedación, lo que provocó un “gran sufrimiento” en su población.
Es más, el tribunal aseguró que encontró al menos dos incidentes donde las pruebas aportadas por la Fiscalía permitieron demostrar que los ataques israelíes fueron dirigidos intencionalmente contra civiles y que, por lo menos, había motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant no lo impidieron. Sin embargo, en las órdenes de detención gran parte de los testimonios y la documentación es "secreta" para proteger a los testigos
En el caso Deif, quien había sido el comandante de más alto rango del ala militar de Hamás, se lo consideró como el responsable de ordenar los ataques terroristas del 7 de octubre. El tribunal calificó la masacre de personas en kibutz, calles, ciudades y hasta en una fiesta electrónica son "crímenes contra la humanidad" y "crímenes de guerra por asesinato". También determinó que esa masacre es un "crimen de guerra" por dirigir intencionalmente ataques contra civiles. A esa acusación se sumaron casos de agresiones sexuales a cautivos y rehenes —en su mayoría mujeres—, configurando casos de "tortura" y "violación".
En 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusándolo por el secuestro de niños en Ucrania, en medio de la guerra que comenzó con la invasión de febrero de 2022. La respuesta de Rusia -otro país que no acepta la jurisdicción del Tribunal- no se hizo esperar: dictó órdenes de detención contra Karim Khan, Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, y los jueces de la CPI. La resolución de la Corte hizo que se desestime un viaje de Putin a la Cumbre de los BRICS en Sudáfrica, país que es socio de ese grupo pero que a su vez sí valida la actuación de la CPI. Si Putin viajaba a Sudáfrica, ese país estaba obligado a detenerlo.
Otro sobre el que pesó una orden de captura por parte de este Tribunal fue el ex líder libio Muammar Gadhafi. Pero en 2011 fue capturado y asesinado por rebeldes poco después de que la CPI dispusiera esa medida por la brutal represión de las protestas antigubernamentales en el año 2011.
Estos son algunas de las personas sobre las que pesan órdenes de detención por parte de la Corte Penal Internacional:
Benjamin Netanyahu - Primer Ministro de Israel: Orden judicial emitida el 21 de noviembre de 2024 por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con la guerra en curso en Gaza.
Yoav Gallant - Ex Ministro de Defensa de Israel : Orden emitida el 21 de noviembre de 2024 por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con la guerra en curso en Gaza.
Mohammed Deif - Jefe Militar de Hamás: Orden emitida el 21 de noviembre de 2024 por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con la guerra entre Hamás e Israel. Israel dice que mató a Deif en un ataque aéreo, pero Hamás nunca ha confirmado su muerte. Otros dos líderes de Hamas acusados de crímenes, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, fueron asesinados por las fuerzas israelíes.
Vladimir Putin - Presidente de la Federación Rusa: Orden emitida el 17 de marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra relacionados con el secuestro de niños ucranianos a Rusia.
Maria Lvova-Belova - Comisionada para los Derechos del Niño de Rusia: Orden emitida el 17 de marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra relacionados con el secuestro de niños ucranianos a Rusia.
Seif al-Islam Gadhafi - Líder de facto de Libia: Orden emitida en 2011 por crímenes contra la humanidad por brutalidad cometidos por las fuerzas de seguridad para sofocar manifestaciones contra su padre, Moammar Gadhafi.
Omar al-Bashir - Ex Presidente de Sudán: Las órdenes de arresto emitidas en 2009 y 2010 lo acusan de cinco cargos de crímenes contra la humanidad y tres cargos de genocidio.
Ahmed Muhammed Harun - Ex ministro de Sudán: Orden emitida en 2007 alegando crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en la región de Darfur en Sudán con su conocimiento y aliento.
Joseph Kony - Líder Guerrillero de Uganda: Orden emitida en 2005 por presuntos crímenes contra la humanidad, incluidos asesinato, esclavitud sexual y violación, así como crímenes de guerra como líder del Ejército de Resistencia del Señor.
Vincent Otti - Líder Guerrillero de Uganda: Orden emitida en 2005 por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos entre 2002 y 2004 en Uganda como líder adjunto del Ejército de Resistencia del Señor.
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