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La bioagricultura que podría complicar a Latinoamérica


La última legislación del "Pacto Verde" de la UE puede excluir a los pequeños productores agrícolas de la región. Advierten que "está pensada para el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea" pero que en lo inmediato dejaría fuera del juego a estos actores vulnerables .




No todo lo que reluce es oro. Y todo aquello que puede perseguir un fin noble, también puede traer consecuencias negativas para algunos actores. Por lo menos en el corto y mediano plazo. La idea de ir cada vez más a una economía sustentable que frene los efectos del cambio climático es un objetivo que ya se ha instalado fuertemente, en un convencimiento que crece a fuerza de los desastres producidos por el calentamiento global debido a la mano del Hombre. Algo que, como informó MundoNews, se vio reflejado en los fenómenos extremos de las últimas semanas. Frente a eso y a los compromisos asumidos en los distintos foros internacionales, avanza la aplicación de medidas y acuerdos sostenibles en las naciones más avanzadas pero que podrían afectar los intereses de los países en vías de desarrollo y, dentro de ellos, en particular a sus pequeños productores que no pueden aggiornarse de manera inmediata a las nuevas exigencias ambientales.


En ese sentido se inscribe el denominado "Pacto Verde" impulsado por la Unión Europea y sus consecuencias para esos pequeños productores. Por eso distintos sectores involucrados en las consecuencias de este entendimiento alzaron la voz. Por un lado, aquellos que lo impulsaron, y por el otro, aquellos que resultan perjudicados. El "Pacto Verde", un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea con el objetivo de hacer que la UE sea climáticamente neutral en 2050, impulsando, entre otras cosas, la producción orgánica. "El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, el 'Pacto Verde Europeo' transformará la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva", remarcan los artífices de la medida desde la Comisión Europea.


"Los 27 Estados miembros de la UE han previsto reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990", explican sobre el entendimiento. Este acuerdo va de la mano con los recientes resultados del Eurobarómetro, una serie de encuestas llevadas a cabo de forma periódica por ese organismo con el objetivo de analizar y sintetizar la opinión pública en determinados temas relacionados con la Unión Europea. Los números de ese informe son contundentes: el 93% de los habitantes considera que el cambio climático es un problema "grave" al que se enfrenta el mundo; mientras que el 58% piensa que la transición a una economía verde debería acelerarse ante los picos de los precios de la energía y las preocupaciones sobre el suministro de gas tras la invasión rusa de Ucrania. Además, el 73 % está de acuerdo en que el costo de los daños causados por el cambio climático es mucho mayor que la inversión necesaria para una transición ecológica.


No obstante, pese a las intenciones de reducir el impacto del cambio climático por parte de la Comisión Europea al firmar el "Pacto Verde", hay quienes lo critican y lo viven como una amenaza a sus economías. Según la coordinadora de CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio Justo), Anneke Theunissen, los mecanismos para urgir a las empresas que coinviertan en esos gastos adicionales que genera "son bastantes débiles"; por lo que implicaría la creación de barreras que inevitablemente se convierten en formas de exclusión. Desde la UE también afirman que la búsqueda es que "no haya personas ni lugares que se queden atrás". Ahora, ¿cómo afecta a los pequeños productores de Latinoamérica?





De acuerdo a Theunissen, "la nueva legislación del 'Pacto Verde' para los productos de agricultura ecológica está pensada para el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) ", ya que uno de los ítems del acuerdo es incentivar las prácticas de agricultura orgánica, que incluyen rotación de cultivos para el uso eficiente de los recursos, prohibición de pesticidas, límites estrictos para antibióticos, prohibición de organismos genéticamente manipulados (OGM) y fertilizantes naturales, entre otras cosas. Y acá es dónde aparece la preocupación: hay requisitos que no todos pueden cumplir. Los pequeños productores no tienen una parcela de más de cinco hectáreas y, considerando que ese tamaño no alcanza para la manera de producir, la certificación del sello europeo no se conseguiría, "por lo que no garantiza un ingreso digno para los pequeños productores", afirma Theunissen.


La estructura que se exige ahora para las cooperativas es otro problema, debido a que para evitar fraudes, no pueden coexistir productores orgánicos y convencionales a la vez, ya que las fronteras serían difusas. "Solamente puede haber productores orgánicos y productores en transición hacia lo orgánico. No puede haber productores convencionales", aclara la representante de la CLAC. Asimismo, advierte que un cambio radical como este, perjudica fuertemente a los productores por el tiempo, dinero y esfuerzo que cuesta en América Latina y el Caribe.


Otro de los puntos claves es la certificación de que el producto que entre al mercado comunitario no provenga de zonas deforestadas y que en su generación se hayan respetado los derechos humanos. Y Theunissen es muy clara al explicar que por más que la organización que representa muestra su compromiso y actúa "para proteger en situaciones de vulnerabilidad, nadie puede garantizar que no haya trabajo infantil ni otras vulneraciones a los derechos humanos". Lo que, entonces, representa otro factor que complica el acceso a estas certificaciones.


Así, una medida que persigue un objetivo noble como es el frenar el cambio climático puede producir efectos negativos en el corto pazo en sectores cuya reducida economía les impiden adecuarse a esas nuevas exigencias ambientales. La idea de una bioagricultura sustentable es, sin duda, un objetivo a cumplir. Pero los pequeños productores de América Latina sienten que eso los va a dejar fuera de juego. Un juego con una misión loable pero con reglas que pueden generar mayor inequidad en lo inmediato.





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