Comienza a sesionar la Convención Constituyente que le entregará al país una Carta Magna diametralmente opuesta a la sancionada -y vigente- en 1980 por el dictador Pinochet. Como ejemplo de un cambio radical de época, una mujer referente mapuche será su Presidenta. El giro de 180 grados en la política chilena se produjo a consecuencia de la revuelta de 2019.
Por Gabriel Michi
"Cambia, todo cambia", reza el "himno" musical creado por el compositor chileno Julio Numhauser Navarro (81), que hiciera eterno la gran Mercedes Sosa. Y hoy, el artista trasandino podría reescribir desde Suecia, país al que tuvo que exiliarse por la persecución de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1963-1990), esa hermosa poesía dándole un sentido muy actual por lo que su Chile natal está protagonizando: un cambio radical en su historia. Y eso quedó en evidencia el domingo 4 de julio cuando comenzó a funcionar la Convención Constituyente que redactará la nueva Carta Magna que sepultará la anacrónica y antidemocrática que aún rige y que fuera impuesta, nada más y nada menos, que por el propio Pinochet.
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Como símbolo máximo de ese cambio ocurrió un hecho categórico: fue elegida para presidir esa Convención Constitucional la destacada Elisa Loncón, una intelectual mapuche, que además es profesora de inglés, doctora en Humanidades y experta en su lengua de origen. De hecho, saludó en esa lengua a todo el país y señaló que “es un sueño de nuestros antepasados. Es posible refundar este Chile y replantear la relación con el pueblo mapuche”. Es más: Loncón habló de la necesidad de que Chile se vuelva un "Estado Plurinacional" y que respete los siempre vulnerados derechos de los pueblos originarios.
La representante mapuche fue elegida como Presidenta de la Convención por amplio margen. Tuvo el apoyo de 96 de los 155 delegados. Loncón obtuvo los votos de los miembros de la Lista del Pueblo, Independientes y Apruebo Dignidad, así como por los convencionales elegidos por escaños reservados para pueblos indígenas y que ocupan el 13% de las bancas. Con paridad de género, la Convención tiene nueve meses -prorrogables por tres más- para redactar el nuevo texto, que será sometido en 2022 a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio, para revalidar el perfil democrático de todo el proceso.
La apertura o "instalación" se dio en el edificio del Congreso en Santiago, pero por razones sanitarias, el segundo día de actividad -el martes 6 de julio- debió suspender transitoriamente las sesiones hasta que se reacomode la situación. Todos decían que eso sería cuestión de horas ya que estaba previsto que los encuentros se realicen con un aforo de 80 delegados en el hemiciclo y tres grupos de 25 en distintas salas, mientras se comunicaban en forma telemática.
No fue la primera demora que tuvo que afrontar este cuerpo que reescribirá una parte fundamental de la vida institucional chilena. El mismo día de la puesta en marcha de la Asamblea hubo incidentes en las convulsionadas calles de Santiago que demoraron el inicio de la sesión de juramento de los constituyentes. Y recién cuando se tuvo la certeza de que los enfrentamientos y la represión habían cesado, se puso en marcha este proceso histórico que para muchos actuara como una suerte de refundación de Chile.
Las protestas de 2019, el "Preámbulo"
En la previa a la instauración de la Asamblea Constituyente no sólo hubo tensión en los alrededores del Palacio Legislativo sino que también existieron manifestaciones en la Plaza Italia, el epicentro de las protestas sociales que explotaron en Chile en octubre de 2019. En aquel entonces, todo comenzó un reclamo contra el aumento de 30 centavos en la tarifa del metro. Sin embargo, esa fue la gota que rebasó el vaso. "No son 30 centavos, son 30 años", fue la respuesta de los manifestantes, hablando de las inequidades existentes en uno de los países más desiguales del Mundo. Y en esas tres décadas a las que hacían referencia hablaban de la trágica herencia política y social que les dejo la dictadura y que la política en democracia nunca pudo subsanar por completo. Dentro de esa herencia maldita estaba, nada más y nada menos, la propia Constitución Nacional. Y esa es la historia que se empieza a reescribir a partir de ahora, aunque su "Preámbulo" se empezó a transitar en aquellas masivas manifestaciones, que fueron violentamente reprimidas por otra institución de fuerte impronta pinochetista: los carabineros.
Las protestas se extendieron por meses, entre octubre de 2019 y marzo de 2020. En total participaron casi 4 millones de personas, con algunas de ellas en las que el número superó el millón de manifestantes, algo inédito en la historia chilena. Pero la represión brutal dejó entre 20 y 30 muertos, además de centenares de heridos y miles de detenidos. Finalmente el gobierno de Sebastián Piñera debió ceder y convocar primero a un plebiscito donde más del 80% de los votantes dijeron que sí a la necesidad de sepultar la Constitución pinochetista y después, en los comicios para elegir a los constituyentes que redactarían la nueva Carta Magna, los partidos tradicionales (entre ellos el propio oficialismo) sufrieron una verdadera "paliza" de parte de los candidatos independientes. Todo una señal de los tiempos de cambios que se están protagonizando.
Dejar atrás una Constitución anacrónica
Dejar atrás uno de los engranajes institucionales que Pinochet le dejo plantada a las futuras generaciones, como si fueran minas antipersonales, es una de las grandes tareas pendientes que la democracia chilena mantenía como un lastre. Si bien aquella Carta Magna, redactada en 1980, fue objeto de reformas en los últimos 30 años de democracia, sigue siendo una base fundamentales en las que se apoyan las gigantescas desigualdades sociales que caracterizan a Chile. Y limita la participación ciudadana a tal punto que recién este año, por ejemplo, los chilenos pudieron votar elegir gobernadores regionales en sus distritos (16 en total), hasta ahora una atribución exclusiva del Presidente de la República. Una clara herencia que dejó el centralismo antidemocrático y antiparticipativo que dejó Pinochet y que increíblemente se mantenía en vigencia después de más de 30 años de democracia.
Así se dejaría atrás una Constitución que privilegió un modelo individualista, que potenció un sistema neoliberal y que excluyó a vastos sectores de la sociedad en materia de igualdad de derechos. Eso es lo que se busca enterrar con la nueva Carta Magna que deberá estar concluida en un plazo máximo de 12 meses. Una búsqueda de restitución de derechos sociales y ciudadanos que algunos sectores conservadores rechazan pero que ven limitados sus potenciales intentos obstruccionistas ya que, merced a la fuerza de los votos, quedaron vedados en número de poder llegar al número necesario para bloquear esos avances. De Limitar el poder de los pocos que siempre lo detentaron en perjuicio del resto de la sociedad, es también uno de los desafíos centrales de este momento histórico. De eso también se trata la refundación de Chile.
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