Israel: La radicalización lleva a un retroceso legal con la vuelta de la pena de muerte
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El Congreso israelí aprobó una norma para ejecutar a presuntos terroristas palestinos que cometan atentados en Cisjordania, que no es su jurisdicción. Algo que había sido rechazado por el mismo cuerpo en 2015. Hay críticas en todo el mundo por la ilegalidad de la medida.
Por Gabriel Michi
Israel acaba de retrasar 64 años. O quizás mucho más. El Parlamento (Knesset) de ese país aprobó una ley que implanta la pena de muerte en la horca para palestinos condenados por ataques mortales en Cisjordania, lo que ya de por sí es ilegal ya que se trata de otro país, pese a la ocupación ilegítima de hecho que hacen los colonos. Pero encima los palestinos acusados de terrorismo -y potenciales receptores de la pena capital- serán juzgados por tribunales militares. Mientras que los israelíes acusados de los mismos delitos serán juzgados por tribunales civiles y la pena máxima será cadena perpetua. Una suerte de apartheid judicial. La indignación por esta ley explotó en todo el Mundo y organizaciones de DDHH y líderes de países como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia salieron a denunciarlo como un hecho totalmente ilegal.
La ley aprobada había sido una promesa de los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu. Uno de los máximos promotores fue el polémico ministro de Seguridad Nacional, Itamarr Ben-Gvir, un ultraderechista que incluso descorchó un champán para brindar en los pasillos del Parlamento, en otro hecho cuestionable ya que constituye una provocación y una falta de respeto a la institucionalidad. Ben-Gvir llegó a lucir insignias en forma de soga en la solapa durante el período previo a la votación..
Lo paradójico de esta sanción -y la fiel demostración de la enorme derechización y radicalización que ha tenido la política israelí- es que mientras que ayer la polémica ley obtuvo 62 votos a favor contra 48 en contra, en 2015 se trató un proyecto similar y fue rechazado por 94 contra 6. Un cambio total que está referenciado no sólo en la mayor presencia de legisladores derechistas en el Parlamento sino también en un giro de la sociedad hacia esos extremos frente a los frecuentes ataques terroristas y, en particular, tras la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023 que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados, con la subsiguiente matanza posterior de palestinos en la Franja de Gaza. A pesar de haber sido promovida por sus partidarios como una respuesta a los ataques del 7 de octubre, la ley no se aplicaría retroactivamente, ni siquiera a los autores de la ofensiva liderada por Hamás en 2023, cuyo procesamiento se abordará en un proyecto de ley aparte que se está tramitando en la Knesset.
Según los críticos, la ley sólo se aplicaría a los palestinos condenados por asesinato cuyos ataques tuvieran como objetivo "acabar con la existencia de Israel", lo que significa que impondría la pena de muerte a ellos pero no a los israelíes judíos que cometieran delitos similares. Esta legislación despertó nuevas críticas internacionales contra Israel, que ya está cuestionada por el aumento de la violencia ejercida por los colonos judíos contra los palestinos en la Cisjordania ocupada, por su guerra en Gaza y por los ataques en el Líbano contra el Hezbollah pero que ha causado centenares de muertos civiles. .
Dentro de este fenomenal retroceso, la normativa también incluye disposiciones que exigen la ejecución por ahorcamiento dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, con cierta flexibilidad en caso de demora, pero sin derecho a indulto. Pero se podría imponer cadena perpetua en lugar de la pena capital, pero sólo en "circunstancias especiales" que encima no se especificaron.
Vale decir que Israel abolió la pena de muerte por asesinato en 1954. En sólo dos oportunidades de aplicó la pena capital en Israel: en el caso de Meir Tobianski un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que fue ejecutado como traidor basándose en pruebas circunstanciales falsas de los servicios de Inteligencia y un año después de su muerte fue exonerado de todos los cargos. Y la última vez fue en 1962 en el que fue ahorcado tras un juicio civil Adolf Eichmann, uno de los artífices del Holocausto nazi, quien había sido secuestrado por un grupo secreto en Argentina. Si bien hoy los tribunales militares de Cisjordania ya pueden condenar a muerte a los palestinos, no lo han hecho hasta el momento.
condenó la legislación como una violación del derecho internacional y un intento fallido de intimidar a los palestinos. "Tales leyes y medidas no quebrantarán la voluntad del pueblo palestino ni socavarán su firmeza", declaró. "Tampoco les disuadirán de continuar su legítima lucha por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital."
Los grupos militantes palestinos Hamás y Yihad Islámica hicieron un llamamiento a los palestinos para que lanzaran ataques en represalia por la ley.
Pero no sólo Abbas criticó la medida. Dentro de Israel también hubo rechazos. Varios partidos de la oposición, entre ellos el Yesh Atid de Yair Lapid, el Hadash-Ta'al de mayoría árabe y el partido de izquierdas Demócratas, junto con varias organizaciones de derechos humanos, anunciaron que presentarían una petición ante el Tribunal Superior de Justicia para que se anule la ley. “Esta es una ley inmoral que contradice los valores fundamentales del Estado de Israel como estado judío y democrático, y las disposiciones del derecho internacional que Israel se ha comprometido a respetar”, dijo el diputado demócrata Gilad Kariv, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Knesset y uno de los opositores más acérrimos de la ley.
También las principales organizaciones de Derechos Humanos de Israel condenaron la ley como "un acto de discriminación institucionalizada y violencia racista contra los palestinos". La Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció que presentó un recurso de apelación contra la ley ante el Tribunal Supremo de Israel. Otros profesionales del ámbito jurídico israelí también argumentaron que el proyecto de ley era inconstitucional, lo que aumenta la probabilidad de que el Tribunal Supremo anule la ley. La organización israelí de derechos humanos B'Tselem afirma que los tribunales militares de Cisjordania, donde se juzga a los palestinos por presuntos delitos, tienen una tasa de condenas del 96% y un historial de obtención de confesiones mediante tortura.
Amnistía Internacional, que realiza un seguimiento de los países que imponen leyes de pena de muerte, afirma que "no hay pruebas de que la pena de muerte sea más eficaz para reducir la delincuencia que la cadena perpetua". Según Amnistía Internacional, unos 54 países en todo el mundo permiten la pena de muerte, incluyendo algunas democracias como Estados Unidos y Japón. La organización afirma que la tendencia global apunta hacia su abolición, y que 113 países la han prohibido.
Otras voces que se hicieron escuchar fueron las de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, quienes afirmaron que tenía un carácter "de facto discriminatorio" hacia los palestinos y que socavaba los principios democráticos de Israel.
Un grupo de expertos de la ONU afirmó que el proyecto de ley incluye definiciones vagas de "terrorista", lo que significa que la pena de muerte podría aplicarse por "conductas que no son genuinamente terroristas".
Ben-Gvir, el polémico ministro de Seguridad Nacional que impulsó esta cuestionable norma. fue condenado en 2007 por incitación racista contra los árabes y por apoyar al grupo Kach, incluido en las listas negras de terrorismo israelíes y estadounidenses, y es quien ha supervisado una reforma de las prisiones que ha dado lugar a acusaciones de abusos contra prisioneros palestinos. Incluso respaldó públicamente a algunos soldados israelíes que están siendo investigados por presunto uso excesivo de la fuerza contra los palestinos. Ahora logró el objetivo -compartido por Netanyahu, sobre quien pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de Lesa Humanidad contra palestinos- de empujar a Israel a un lugar impensado. Por fuera de las leyes internacionales. Y llevó a su país a un mayor aislamiento internacional. Además de hacerlo retrasar décadas.
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