El presidente de Ecuador usó el mecanismo por el que, en medio del juicio político en su contra, disolvió el Congreso pero tuvo que convocar a elecciones anticipadas para su lugar. Es la primera vez que ocurre. Gobernará por decreto durante 6 meses hasta los comicios.
Por Gabriel Michi
Es como un "efecto kamikaze". Aunque, a diferencia de esos pilotos japoneses que en plena Segunda Guerra Mundial se estrellaban con sus aviones contra los barcos enemigos para ocasionarles un daño mayor a costa de su propia vida, en el caso de la política ecuatoriana lo que ha hecho su presidente Guillermo Lasso fue también echar mano a un extraño mecanismo de supervivencia ante la noche que se le avecinaba. El primer mandatario utilizó la llamada "muerte cruzada", un mecanismo por el cual, en pleno juicio político que se le seguía en su contra, disolvió al Congreso pero se vio obligado a convocar anticipadamente a elecciones generales que incluyen a la figura de la Presidencia. Y lo hizo porque claramente en el Parlamento unicameral ya estaban los votos necesarios para destituirlo por un escándalo de corrupción vinculado al transporte petrolero. Ese instrumento legal fue incluido en la Constitución emitida en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa.
Ahora, sin un Congreso adverso (el bloque oficialista sólo reunía 25 legisladores sobre un total de 137), Lasso gobernará por seis meses a fuerza de decretos. Mientras se convoca a los nuevos comicios para elegir a quien será su sucesor y también a los asambleístas parlamentarios. Es la primera vez que en la historia de Ecuador un presidente utiliza este polémico recurso "sadomasoquista" en el que "mata" al Congreso pero también "mata" su propia Presidencia. Por eso la denominación popular de "muerte cruzada".
Este 17 de mayo de 2023 pasará a la historia de Ecuador no sólo por ser la primera ocasión en que un presidente se acoge al artículo 148 de la Constitución que le permite la disolución del Congreso argumentando una "grave crisis política" y "conmoción interna", sino también porque nadie sabe en qué terminará todo esto con un primer mandatario totalmente deslegitimado ante la opinión pública y con un grado de rechazo de más del 80% de la población.
El jefe de Estado suscribió el decreto ejecutivo 741, que señala en su primer artículo que "disuelve la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución". En su segundo artículo, le notifica al Consejo Nacional Electoral (CNE) de su decisión para que convoque a elecciones anticipadas para lo que resta del periodo de gestión (dos años). Con ello, la autoridad electoral organizará un proceso electoral para la elección de asambleístas y presidente de la República para que cumplan el periodo de gobierno que concluye en mayo del 2025.
Mientras tanto, el propio Lasso gobernará por decretos -previamente revisados por la Corte Constitucional- durante medio año. Y sin un Congreso díscolo en el que aparentemente ya estaban los votos para destituirlo. De hecho su decisión llegó horas después de haber comparecido ante el pleno de la Asamblea Nacional, en donde enfrentó un juicio político por presunto peculado y por el que los legisladores de oposición buscaban su censura y destitución. Vale decir que el propio Parlamento había intentado recurrir al recurso de la "muerte cruzada" contra Lasso en junio de 2022, pero no llegó a la mayoría especial que se necesitaba.
Ahora resta ver cuál será la reacción de los parlamentarios, de la Justicia y, sobre todo, de las calles. En cuanto a los legisladores (donde hay una amplía presencia del correísmo y del indigenismo) el decreto de Lasso los cesa de manera inmediata en sus funciones, como así también a todos sus asesores. Con base en el artículo 50 de la "Ley Orgánica de la Función Legislativa", el Ejecutivo recordó en este decreto, que ni los asambleístas ni los funcionarios legislativos tienen derecho a reparación o indemnización alguna. El decreto entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Lo que no se sabe es qué reacción tendrán ahora los miembros de la Asamblea Nacional. En principio ya presentó un recurso de rechazo ante la Corte Constitucional.
Ya hay una respuesta clara del ex presidente Rafael Correa. En un tuit señaló: "Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria". Correa, exiliado en Bélgica, confirmó esa posición ante el autor de estas líneas y la periodista Luly Trujillo en el canal C5N y señaló que su espacio se encuentra en la contradicción entre lo que es "bueno" y lo que es "correcto". Lo "bueno" sería aprovechar la convocatoria a elecciones ya que -de acuerdo a lo que ocurrió en los comicios regionales de febrero pasado donde el correísmo ganó- su espacio corre con amplia ventaja. Pero lo "correcto" es rechazar la decisión de Lasso porque no hay motivos para argumentar la "conmoción interna" y por lo tanto debe caerse el decreto y continuar el juicio político contra el presidente.
Por su parte, la expectativa también está puesta en si la Justicia aceptará los argumentos de Lasso para utilizar el recurso extremo de la "muerte cruzada" o si considera que no está bien fundamentada su apelación a la existencia de una grave crisis política" y "conmoción interna". De no ser así, la situación se puede volver para atrás y la debilidad política del presidente quedará totalmente expuesta. Según la Constitución ecuatoriana, el mandatario podrá invocar este recurso “cuando, a su juicio, (la Asamblea Nacional) se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional”. Por lo que en ese orden la última palabra la tendrá la Justicia. En caso de ser aceptado el decreto en un plazo máximo de siete días el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a un proceso electoral para elegir tanto a nuevos legisladores y al presidente de la República para el resto de los respectivos períodos.
Sin embargo, más allá de lo que digan los parlamentarios y la Justicia, las miradas deben depositarse sobre todo en qué puede ocurrir en las calles. Si el pueblo ecuatoriano aceptará esta decisión de un gobierno que no contaba ya con apoyo popular, con un presidente sumamente degastado y frente a una enorme crisis económica y social, con picos de violencia y delincuencia (en especial narcos) como nunca se vieron antes. En ese contexto tan adverso un primer mandatario sin apoyo popular utilizó un recurso casi "sadomasoquista" con el que se cargó a sus enemigos pero también a su propia Presidencia. Todo por la extraña "muerte cruzada" en Ecuador dará mucho que hablar. Ese mecanismo "kamikaze" al que Lasso apeló para intentar salvarse a un precio muy alto.
Comentarios