La decisión de Trump de quitar el derecho a la nacionalidad de EE.UU. a los que nazcan allí pero tengan padres inmigrantes despierta polémicas. Cómo es en el resto del planeta.
Por Gabriel Michi
Por tierra o por sangre. Por nacimiento o por herencia. Por suelo o por descendencia. Esas dicotomías son las que dirimen cómo se obtiene la ciudadanía de origen quienes nacen en cada nación. Y, lejos de lo que se piensa, son muchos más los países que no le dan la nacionalidad a los bebés recién nacidos en sus territorios (salvo que alguno de sus padres la tenga) que aquellos que lo otorgan de manera automática por haber llegado al mundo dentro de sus fronteras. Casi 40 países dan el derecho a la ciudadanía por nacimiento mientras que el resto (más de 150) es por herencia. En la confusión de que la cosa era al revés hasta incurrió el propio presidente Donald Trump quien afirmó falsamente que Estados Unidos es el único país del mundo que ofrece la ciudadanía a los niños nacidos en su territorio, independientemente de cuál sea la nacionalidad de sus padres. Sin embargo, en casi todo el continente americano eso es así, incluyendo sus vecinos inmediatos -Canadá y México-, Brasil y Argentina, entre muchos otros.
La falsa afirmación de Trump no fue casual ni aislada: es parte de su guerra declarada contra la inmigración con miles de detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados desde que asumió esta nueva Presidencia, el 20 de enero pasado. De hecho, semejante mentira fue lanzada el mismo día de su asunción -20 de enero- en que tomó el poder, mientras firmaba una batería de decretos, muchos de ellos muy polémicos. Sin embargo, esa iniciativa choca de lleno con la Constitución de EE.UU. que en su Enmienda XIV establece que "todas las personas nacidas en el país son ciudadanos, independientemente de su origen étnico o nacional". Esa Enmienda -propuesta el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868, tras la Guerra de Secesión- se aprobó como respuesta a la resolución judicial "Dred Scott vs. Sandford" de 1857, que determinó que los afroamericanos no podían ser ciudadanos de Estados Unidos. La victoria de la Unión, partidaria de abolir la esclavitud, posibilitó este cambio, que tenía como objetivo convertir en ciudadanos estadounidenses a los que hasta ese momento habían sido esclavos. Está vigente desde ese entonces. Pero ahora Trump quiere destruirla y romper la tradición estadounidense como receptor de grandes corrientes migratorias, aunque ya tuvo varios fallos judiciales en contra.
En su feroz cruzada, el presidente llegó a calificar de "ridículo" algo que no era real. "Somos el único país del mundo que hace esto con el derecho de nacimiento y es absolutamente ridículo". Sin embargo, el principio del "Ius soli'" (o "derecho de suelo") sin restricciones, está muy extendido en casi todas las naciones de América que otorgan la ciudadanía automática a los nacidos en ellas, sin ningún tipo de limitantes.
Distinta es la situación en los otros continentes (Europa, Asia, África y Oceanía) donde predominan los países que aplican el 'Ius sanguinis' (o "derecho de sangre"), que otorga la ciudadanía a un niño si uno o ambos progenitores son de esa nacionalidad e incluso hay algunos que establecen una suerte de doble validación: no sólo alguno sus padres deben ser de esa nacionalidad sino que también tienen que residir allí.
Según un informe del Parlamento Europeo, ningún país de la UE concede la ciudadanía automática e incondicional a los niños nacidos de padres extranjeros. Sí existen algunos que son un poco más flexibles que se rigen por una forma de 'Ius soli', pero con condiciones; por ejemplo, hay veces que se exige que los padres hayan vivido en el país durante cierto tiempo antes del nacimiento del chico. En esa nómina están Bélgica, Alemania, Irlanda, Portugal y el Reino Unido. Entre los Estados que aplican el doble 'Ius soli' (los hijos de extranjeros nacidos en un país pueden adquirir la nacionalidad de manera automática al nacer si al menos uno de sus progenitores también nació allí) figuran Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Aunque hay excepciones para casos especiales: por ejemplo, en el caso español más allá de que se les otorgue la nacionalidad a los que nacen en su territorio y tengan alguno de sus padres nativos de ese país, también pueden ser alcanzados "los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad y los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada”. Otras naciones, como Bélgica y Grecia, también tienen doble 'ius soli', pero con más condiciones.
El tema de la obtención de una ciudadanía determinada al nacer no sólo es relevante por una cuestión de identidad sino que es la llave para la configuración de derechos y deberes jurídicos. La diferencia conceptual entre ambas reglas de ciudadanía tiene también otras características: La de "Ius sanguinis" (“derecho de sangre”), que implica la necesidad de ser hijo de alguien con esa pertenencia, entiende la nacionalidad como una identidad colectiva que se transmite de generación en generación. Así, una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes por su filiación, ya sea biológica o adoptiva.
En cambio, la de 'Ius soli' ("derecho de suelo" o "de tierra") -que da ese beneficio al nacer en el territorio de ese país- reconoce que la identidad viene determinada por el lugar en el que se encuentran los progenitores de la persona en el momento de su nacimiento, independientemente de su origen. En general, los países que adoptan esa doctrina son aquellos propenso y abiertos a recibir inmigración, mientras que se argumenta que los que utilizan el "Ius sanguinis" priorizan la cohesión étnica y social.
Más de 150 países y territorios dependientes de ellos utilizan la "regla de sangre" para definir las nacionalidades de los recién nacidos en su geografía, según datos de Global Citizenship Observatory. Esa organización señaló además que en los casos más extremos hay Estados que incluso suelen restringir la herencia de la nacionalidad ya no solo a la ciudadanía de los padres, sino también a su residencia. Eso ocurre en naciones como Australia, Portugal, Alemania o Colombia.
Por su parte, los países que se rigen por las "reglas del suelo" de nacimiento (alrededor de 40) están casi todos ubicados en América, aunque también hay algunos desperdigados en otros continentes como ser los africanos Lesoto y Chad; Pakistán en Asia o Fiji en Oceanía. En el caso de EE.UU., antes de la polémica decisión de Trump la ciudadanía por derecho de nacimiento alcanza también a los niños nacidos de alguien que está en el país ilegalmente, o cualquier persona con un visado de turista o estudiante que planea regresar a casa.
JUSTICIA Y POLÍTICA LE DICEN NO A TRUMP
Mientras Donald Trump continúa con su embestida anti-inmigratoria que también se traduce en esta idea de que a partir del próximo 19 de febrero ya ningún bebé nacido en los Estados Unidos que sea hijo de inmigrantes pueda tener la nacionalidad de ese país, las voces en contra de semejante medida se alzaron rápidamente. Y también hubo resoluciones judiciales en contra. Una de ellas fue emitida por John Coughenour, el juez para el Distrito Oeste de Washington, quien bloqueó temporalmente el decreto de Trump al respecto. El magistrado calificó esa orden ejecutiva del presidente como "flagrantemente inconstitucional". A lo que Trump respondió que va a apelar la resolución judicial, lo que anticipa una larga batalla en los tribunales.
En su particular lectura, el presidente de EE.UU. señala que se estuvo abusando del sistema por décadas y por eso debería haber muchas más restricciones a la hora de otorgar la ciudadanía a quienes no sean hijos de personas con documentación de ese país. En las trincheras trumpistas hasta se llegó a agitar la idea de que existe un "turismo de natalidad", en el que las mujeres embarazadas entran en EE.UU. específicamente para dar a luz y que sus hijos puedan obtener la ciudadanía antes de regresar a casa, algo que chocaría con la realidad que viven quienes llegan a ese país de manera irregular y que suelen sentirse permanentemente amenazados con la posibilidad de ser encarcelados y deportados.
Ahora Trump debe enfrentar la catarata de demandas que han presentado al menos una veintena de Estados demócratas y que ya está teniendo un eco negativo en la Justicia. Las organizaciones de DDHH también resaltan lo que dice la Constitución de los EE.UU.: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen", tal como señala la 14ª Enmienda. La misma que también subraya: "Ningún Estado promulgará ni aplicará ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos". Y en esa letra de la Carta Magna se están basando los detractores de la polémica medida impulsada por el inquilino de la Casa Blanca. Además del fallo mencionado hubo al menos otros tres en distintos distritos (en Seattle, Maryland y Nueva Hampshire) en el mismo sentido. Es más, en ese último-
Un tercer juez federal bloqueó el lunes el decreto del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que residen en Estados Unidos de forma irregular.
La sentencia del juez federal de distrito Joseph N. Laplante en Nueva Hampshire se produce después de dos sentencias similares de jueces en Seattle y Maryland la semana pasada.
Laplante, que fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, dijo que no le convenció la defensa del decreto por parte de la administración Trump. Dijo que emitiría una orden judicial preliminar más larga más adelante explicando su razonamiento.
Quizás, envalentonado por el contundente triunfo electoral de noviembre -donde además de haber ganado en el voto popular y de los delegados del Colegio Electoral, también quedó con mayoría en ambas Cámaras del Capitolio- Trump intente aventurarse a un cambio constitucional. Pero eso parece una tarea muy difícil ya que necesitaría de dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, algo que hoy parece una quimera imposible de lograr. Por eso, la enorme mayoría de los expertos en temas jurídicos descreen de que ese derecho de la ciudadanía por nacimiento pueda cambiar. Pero, conociéndolo a Trump, nadie se anima a avizorar cómo terminará la historia.
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