Las concesiones otorgadas a los ruralistas por las protestas en Francia despertaron la indignación de los defensores del medioambiente. Mientras las tensiones se mantienen.
Por Gabriel Michi
Ambos sectores defienden intereses propios y colectivos. Ambos aseguran buscar el bien propio y el de todos. Ambos aseguran que de no ser escuchados lo que deparará el futuro será desastroso. Ambos están dispuestos a luchar por lo que propugnan. Ambos se enfrentan por intereses en apariencia contrapuestos. Ecologistas y agricultores europeos han entrado en un punto de fricción y tensiones sin precedentes. No es algo nuevo, pero sí algo que se aceleró en los últimos tiempos. El cambio climático y los desastres que viene provocando llevaron en los últimos años a que los gobiernos deban asumir compromisos para reducir los gases de efecto invernadero, algo que viene siendo reclamando por los grupos ambientalistas. Esas medidas implican en algunos casos imposiciones que afectan la economía de los productores agrícolas (encarecimiento de los combustibles fósiles para desalentar su consumo, quita de subsidios, restricciones a determinados pesticidas, etc), lo que desató la furia de los ruralistas. Una furia que se tradujo a múltiples y violentas protestas en gran parte de Europa y en los últimos días en Francia y Bélgica (frente al Parlamento de la UE). Frente a eso el gobierno de Emmanuel Macron se vio obligado a retroceder en las medidas ambientales y ceder a los reclamos de los granjeros. Y eso ahora provocó la indignación de los ecologistas que prometen dar batalla. Un cóctel letal que pareciera terminar en un callejón sin salida. Un peligroso juego de suma cero en el que para que uno gane el otro tiene que perder.
Después de las horas de enorme tensión que se vivieron en territorio francés, con las principales autopistas cortadas por los tractores y una amenaza creciente de desabastecimiento que se proyectaba sobre todos los ciudadanos, el gobierno galo hizo público un nuevo conjunto de medidas para afrontar las demandas de los agricultores que, entre otras cuestiones, protestan por los alcances del denominado "Pacto Verde Europeo". Las protestas fueron escalando hasta llegar, con tractores y todo, a las puertas de la sede de la Unión Europea, buscando presionar también a los líderes del bloque regional.
En ese contexto fue que el primer ministro francés, Gabriel Attal, señaló: "Actualmente en toda Europa se plantea la pregunta: ¿hay futuro para nuestra agricultura? Por supuesto, la respuesta es sí". En tanto, el diputado socialista del Parlamento francés, Dominique Potier, sostuvo: "Nuestras conclusiones fueron que era necesario actuar urgentemente, ya que hay impactos muy fuertes en el medioambiente, particularmente en el agua, la fertilidad del suelo y la salud humana. Las primeras víctimas son los propios agricultores". Sin embargo, los agricultores no piensan igual y se quejan de que Francia tiene controles de pesticidas más estrictos que otros Estados de la UE, lo cual los perjudica. Pero ahora pareciera que esta postura de los granjeros ganó la pulseada y muchas de las medidas ambientalistas no se aplicarán en forma inmediata.
Ese cambio provocó el enojo de los ecologistas, que pusieron el grito en el cielo frente a las claudicaciones del gobierno frente a los productores agropecuarios. Desde la organización Generaciones Futuras denunciaron en X (antes Twitter): "El primer ministro anunció que no se prohibirá ningún pesticida en Francia antes de que su sustancia activa esté prohibida a nivel europeo, incluso si sabemos que este pesticida plantea problemas y que eventualmente será prohibido. ¡Es una decisión que nos hace retroceder 15 años!".
En igual sentido se expresaron desde la Fundación para la Naturaleza y el Hombre: "De ninguna manera resolverá las dificultades socioeconómicas de los agricultores y solo pondrá en peligro la necesaria transición agroecológica",
Las concesiones realizadas por el gobierno francés a los ruralistas locales fueron más allá: se prohibiría las importaciones de frutas y verduras procedentes de fuera de la UE que hayan sido tratadas con tiacloprida, un insecticida actualmente prohibido en el bloque comunitario, se propondrá la creación de una "fuerza de control europea" para luchar contra el fraude a las normas sanitarias y a la lucha contra las importaciones de productos alimenticios que van en contra de las normas sanitarias, Francia seguiría oponiéndose a que la UE firme un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, además de habilitarse un paquete de 150 millones de euros en ayuda a los ganaderos y una reducción de los impuestos a las granjas que se transfieren de generaciones mayores a las generaciones más jóvenes. Además, se sancionará a los grupos industriales de alimentos y a los supermercados que no paguen un precio justo a los agricultores. Pero esos puntos no son los que preocupan a los ecologistas sino que son aquellos en los que Francia deja de lado sus compromisos ambientales para frenar el cambio climático frente a las exigencias del agro.
Una pelea con antecedentes
En julio de 2023, dos fuerzas litigantes estuvieron enfrentadas cara a casa en las calles de Estrasburgo, donde se ubica la Cámara Principal del Parlamento Europeo. De un lado, los productores rurales. Del otro, los ambientalistas. En el medio, la pelea que está detrás de otras peleas. La que los ubica en "bandos opuestos". Allí se dieron dos concentraciones enfrentadas, con tintes políticos y demandas opuestas. Del lado de los productores agrícolas reclamaban contra la "Ley de la Restauración de la Naturaleza". Allí, el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias (Copa-Cogeca) -que representa a las grandes explotaciones agrarias de la Unión Europea (UE)-, se manifestaron junto a sectores de centroderecha, conservadores y ultraderechistas. Del otro lado, y apenas a 100 metros, se reunían grupos ambientalistas -como WWF, Oceana o la Oficina Europea del Medioambiente (la mayor red regional de organizaciones medioambientales), con el apoyo de socialdemócratas, Verdes, Izquierda y la mayoría de los liberales, que avalaban la regulación que se estaba discutiendo. Ambos sectores competían y se enfrentaban por el interés de la Eurocámara y la atención de las cámaras de tv.
"Ley de la Restauración de la Naturaleza" plantea recuperar para 2030 el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos dañados y la totalidad de ellos para 2050. Para las organizaciones de productores rurales eso expulsaría a muchos agricultores de sus tierras. Los ambientalistas, por su parte, no sólo defienden la iniciativa sino que piden más instrumentos para evitar que el cambio climático siga provocando estragos. En esa convocatoria estuvo presente la joven activista Greta Thunberg con un mensaje para los diputados: "estén en el lado correcto de la historia o la historia les juzgará duramente si deciden estar del lado de los intereses destructivos y los grandes grupos de presión y no las personas y el planeta".
Finalmente, en octubre de 2023, en esa última ronda de conversaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros), las tres instituciones alcanzaron un acuerdo que contempló "flexibilidades" en muchos de sus apartados. Las ONG ecologistas celebraron el acuerdo sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza, aunque lamentaron que haya lagunas en una norma que, en líneas generales, no gusta a las industrias agrícolas y pesqueras. "El texto final ha diluido considerablemente la ambición de la propuesta original de la Comisión e incluso de la posición del Consejo", indicaron en bloque de ONGs como WWF, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife, Greenpeace o Ecologistas en Acción. Y adujeron: "Es decepcionante ver las numerosas excepciones incluidas y la excesiva flexibilidad en cuanto a las obligaciones de los Estados miembros que podría llevar a la inacción".
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