La ley de la selva: el ICE de EE.UU. viola todas las normas e ignora las condenas judiciales

En cinco meses hubo 4.400 fallos en contra de los operativos antiinmigrantes. Sin embargo, el gobierno de Trump hace caso omiso a lo que dicen los jueces y sigue con las cacerias.

Por Gabriel Michi

No importa lo que digan las leyes. No importa lo que resuelva la Justicia. No importa que se estén violando los Derechos Humanos. No importa que esos operativos se lleven las vida de personas inocentes. No importa que se cometan todo tipo de injusticias. No importa si se atropellan las garantías constitucionales de niños o persona indefensas. Nade de eso importa. Lo único que importa es el deseo de un presidente como Donald Trump. Lo único que importa es la imposición de la "ley de la selva". Eso quedó al desnudo en las múltiples y violentas "razzias" llevadas adelante por el polémico ICE -el temible Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU.- contra inmigrantes, sin importar sus derechos y sin importar la palabra de la Justicia. De hecho, desde que comenzó esta brutal cacería inhumana, cientos de jueces de todo el país dictaminaron más de 4.400 veces desde octubre que se está deteniendo a inmigrantes ilegalmente. Pero nada de eso parece importar. Como tampoco que en el camino cegaron la vida de varias personas. Esos miles de fallos adversos a la ofensiva migratoria de Trump exponen cómo se recurre a la ilegalidad para llevar adelante esa "ley de la selva". Y pese a las numerosas resoluciones judiciales adversas, el Gobierno continúa encarcelando a personas indefinidamente incluso después de que los tribunales dictaminaran que la política era ilegal.

Hasta el momento, lis inmigrantes detenidos presentaron más de 20.200 demandas federales exigiendo su liberación desde que Trump asumió el cargo, sin embargo el optimismo en cuanto a cuál será el destino final de esos reclamos se diluye frente a la intransigencia de la Casa Blanca. La agencia Reuters logró detectar al menos 4.421 casos, más de 400 jueces federales dictaminaron desde principios de octubre que el ICE  está deteniendo a personas ilegalmente en medio de una deportación masiva. Hay otros casos que están pendiente de resolución o que fueron desestimados porque el detenido fue liberado o se transfirieron a otro distrito judicial, lo que obligaría a los inmigrantes a presentar un nuevo caso.

Hace unos días el juez federal de distrito Thomas Johnston, de Virginia Occidental, (designado por el presidente también republicano George W. Bush), ordenó la liberación de un detenido venezolano y señaló: "Es espantoso que el Gobierno insista en que este Tribunal redefina o ignore por completo la ley actual tal como está claramente redactada", Ese fue uno más de los repetidos fallos que denuncian cómo la administración Trump se corre de todos los márgenes del Derecho. Los jueces apelan en sus resoluciones a una ley federal de casi tres décadas de antigüedad que establecía que los inmigrantes que ya vivían en Estados Unidos podían ser liberados bajo fianza mientras tramitaban sus casos en un tribunal de inmigración.

Otro ejemplo fue el del juez federal de distrito Patrick Schiltz -también designado por Bush- quien dictaminó que Joseph Thomas - un estudiante de secundaria de 18 años de Venezuela, fue arrestado durante una parada de tráfico en Wisconsin con su padre, Elias Thomas, ambos solicitantes de asilo y que tienen autorización para trabajar- había sido detenidos ilegalmente y ordenó su liberación inmediata. En su fallo, el juez denunció la "falta de pruebas de que el ICE tuviera una orden judicial cuando lo detuvo mientras viajaba como pasajero en el coche de su padre".

En ese contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que la administración está "trabajando para cumplir legalmente el mandato del presidente Trump de hacer cumplir la ley federal de inmigración". Bajo su mandato, el número de personas detenidas por ICE llegó a aproximadamente 68.000 este mes, un aumento de aproximadamente el 75% desde que Trump asumió el cargo el año pasado y desafiando una y otra vez, los mandatos judiciales que le exigen frenar esa cacería ilegal . Y, encima, se multiplican los casos letales de personas que mueren por el accionar del ICE: al menos cuatro personas fallecieron mientras estaban detenidas por el ICE en 2026 (todos hombres, tenían entre 42 y 68 años eran dos de Honduras, un tercero de Cuba y otro de Camboya) . El 2025 fue el año más letal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros para migrantes, el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

Vale decir que si bien le mayoría de los fallos fueron adversos al trumpismo, hubo excepciones: la semana pasada, un tribunal de apelaciones conservador de Nueva Orleans otorgó una victoria a la administración Trump en su intento de encarcelar a más inmigrantes. La jueza Edith Jones revocó las sentencias que llevaron a la liberación de dos mexicanos -aunque aún permanecen libres- y le otorgó validez a los procedimientos de las autoridades

Y la embestida oficial antiinmigrantes parece que va a continuar, más allá de las sentencias adversas. De hecho, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el aumento de demandas judiciales "no es una sorpresa", "especialmente después de que muchos jueces activistas han intentado impedir que el presidente Trump cumpla con el mandato del pueblo estadounidense de realizar deportaciones masivas".

Frente a semejantes embates, los "habeas corpus" de los inmigrantes inundaron los tribunales estadounidenses. De hecho, se presentaron una gran cantidad de peticiones de hábeas corpus para Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años detenido en la entrada de su casa en Minnesota y que fue usado como carnada para atrapar a su padre, en un caso que generó enorme indignación en todo el Mundo; ocurrió lo mismo con un hombre ucraniano con un estatus humanitario temporal válido que fue detenido cuando se dirigía a su trabajo como técnico de cable; Y un hombre salvadoreño casado con una ciudadana estadounidense y padre de un niño autista de tres años que también es ciudadano estadounidense; incluso con un trabajador de un hospital eritreo con estatus de refugiado que fue apresado después de dejar entrar a agentes a su complejo de apartamentos; como también con un hombre venezolano que fue arrestado después de dejar a su hija en la escuela. Y así, hay miles de ejemplos más. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales.

Según reportó Reuters, "la avalancha de demandas está obligando a las oficinas del Departamento de Justicia de Estados Unidos a desviar a los abogados que normalmente procesarían casos penales para responder a casos de 'hábeas corpus'". Así se llegó a la conclusión que más de 700 abogados del Departamento de Justicia están hoy representando al Gobierno en casos de inmigración. Y algunos de ellos están sobrepasados de demandas. De hecho hay cinco que tienen más de 1.000 casos de "hábeas corpus". Todo eso deriva en un gigantesco embudo que provoca un fenomenal estancamiento legal que asfixia al sistema judicial y, por ende, en una penosa prolongación del tiempo de detención en personas inocentes que luego terminan siendo liberadas. En ese sentido, los jueces incluso han descubierto que el Gobierno ha dejado a inmigrantes tras las rejas incluso después de que la Justicia ordenó su liberación. Y así funciona la "ley de la selva", en un país, el EE.UU. de Donald Trump en el que la legalidad parece ser lo que menos importa.

DOS CASOS DE ASESINATOS DEL ICE EN MINNESOTTA GENERARON UNA ENORME INDIGNACIÓN, FUERON EL DEL ENFERMERO ALEX PRETTI Y LA POETISA RENÉE GOOD,