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Las armas que carga el diablo (y que salen de EE.UU.)

Actualizado: 8 dic 2021

México demanda a los principales fabricantes de armamento de Estados Unidos por las miles de muertes violentas producidas en su país. Señalan que el 80% de los crímenes se provocan con pistolas, revólveres y fusiles que ingresan ilegalmente por su frontera norte. Las grandes empresas norteamericanas se unieron para enfrentar un histórico juicio de miles de millones.


Por Gabriel Michi



"Estados Unidos pone el negocio, nosotros ponemos los muertos". Así diagnosticó la situación un referente social que lucha contra el crimen organizado en tierra azteca al autor de estas líneas. La descripción fue un poco más allá. Hablaba de cómo el narcotráfico produce gran parte de la droga sintética en México y que luego es vendida para ser consumida en los EE.UU. En el medio aparecen los crímenes brutales por el control del territorio entre los grandes carteles de las drogas y por el manejo de las peligrosas rutas que llevan esas mercancías clandestinas al vecino del norte. Y, después de eso, gran parte del dinero que genera el negocio ilícito termina siendo lavado también allí, en los Estados Unidos. Este círculo del horror tan terrible para México se da en el ámbito del tráfico de drogas (ya sean las sintéticas producidas en su geografía, como la que por ella transita desde otros orígenes), como también en el tráfico de personas u otras actividades ilegales. Y, ya sea como parte de esos negocios o como un negocio en si mismo, aparece el más peligroso de todos: la venta de armas. Esas que carga el diablo y que a México llega desde su vecino del Norte. Frente a esta situación, que ha regado con miles de muertos a los aztecas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició una histórica demanda contra los 11 más grandes fabricantes de armas de Estados Unidos.


En los últimos días, el litigio se asentó en los tribunales de Massachusetts, jurisdicción donde el Estado mexicano confía en lograr avances, a diferencia de lo que podría ocurrir en otros distritos conservadores. El gobierno de AMLO exige un resarcimiento de estas compañías frente a la cantidad de muertos que dejaron sus armas. El canciller Marcelo Ebrard ya había colocado la discusión en la agenda del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En su alegato señaló: “México hace un contundente llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo”.


La demanda corre por la vía civil y el gobierno mexicano, que decidió ser el que represente esos intereses para evitar que las empresas armamentísticas cierren acuerdos extrajudiciales individuales con las víctimas, busca que se lo indemnice frente a tanta muerte producida. La cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, sostuvo que el juicio es por “prácticas comerciales negligentes y falta de responsabilidad corporativa”. Es más, uno de los puntos que se subraya en la denuncia es que es tal la voracidad de los fabricantes norteamericanos por el mercado mexicano que hasta han diseñado armas especialmente para él. Por ejemplo Colt, que ofrece entre sus pistolas la calibre .38 El Jefe; la calibre .38 El Grito y la Emiliano Zapata 1911, que tiene inscrita en el cañón la frase atribuida al revolucionario: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Esas armas son las más buscadas en territorio azteca.


Entre los puntos en los que se asienta la demanda también figuran datos abrumadores:


- Entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México entraron ilegalmente por la frontera norte.


- El 80% de los asesinatos en tierras mexicanas se producen con armas provenientes de los Estados Unidos.


- El gobierno mexicano calcula que el 70% de las armas traficadas hacia México provienen de su vecino del Norte.


- En 2019, el año anterior a la Pandemia, al menos 17.000 homicidios en territorio azteca se cometieron con armas relacionadas con el contrabando desde ese origen.


- El aumento impresionante en la producción de armas de asalto en EE.UU. desde mediados de la década del 2000 fue empujado también por el requerimiento de las bandas criminales aztecas.


- La mayor flexibilización de las leyes de cada Estado en la principal potencia del Mundo para adquirir armas y la casi nula regulación en las exposiciones del sector, como también la posibilidad incontrolable de comprarlas por Internet, fomentaron esa mecánica de la muerte.


- Se calcula que medio millón de armas cada año cruzan la frontera desde EE.UU. a México, llegando a casi 10 millones en las últimas dos décadas.


- Hace una década había 8.354 vendedores registrados en los cuatro Estados fronterizos estadounidenses: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Para 2019 se habían registrado 1.569 más, pese a que la cantidad de distribuidores nacionales cayó un 2%.


- Las armerías que se ubican del lado del límite de los Estados Unidos venden dos veces más armas que el resto de tiendas en el país.


La Colt Emiliano Zapata 1911, de EE.UU. está destinada al mercado mexicano, es de las preferidas por líderes criminales.

México quiere evitar que la disputa entre en un enjambre legal que choque con la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense que permite a las personas acceder a las armas. “El caso no tiene nada que ver con la Segunda Enmienda... Los cárteles no están protegidos por ella y los demandados no tienen derecho a suministrarles armamento”, plantea la presentación con la que el canciller Marcelo Ebrard detalló el caso ante la ONU.


En los considerandos se busca que las compañías operen con mayor responsabilidad y se autorregulen en la provisión de armas, evitando que caigan en circuitos de tráfico ilegal. Y, en la acusación azteca -conducida por el abogado Steve Shadowen- se apunta a once empresas: Smith & Wesson; Barrett, Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock; Sturm, Ruger & Co., Witmer Public Safety Group y sus subsidiarias. La estrategia de las empresas sería plantar una respuesta conjunta que, en principio, atacaría la legitimidad de la demanda mexicana y se aprovecharía de un verdadero blindaje jurídico del que gozan desde la presidencia de George W. Bush.


Frente a eso, México señala que aquellas leyes (sancionadas en 2005) no protegen a las compañías por hechos que ocurren fuera de EE.UU. Y como los daños se dieron en el país azteca, esa inmunidad no corre. Es muy probable que el proceso judicial se extienda por varios años y que termine en la Suprema Corte estadounidense. Lo que es seguro es que es una demanda -que será multimillonaria- que no tiene precedentes. Es histórica. Y plantea una osada estrategia frente a un problema que ya causó miles de víctimas. Y que seguirá causando. Porque México pone los muertos, mientras las compañías hacen su negocio. Ese que se traduce en sangre. Y dolor. Por esas armas que carga el diablo pero que, indefectiblemente, salen desde los Estados Unidos.








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