Perú violento: darán chalecos antibalas para los candidatos presidenciales
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En medio de un incremento de la criminalidad, aumentan los ataques contra los postulantes a los comicios de abril. Un aspirante al Congreso fue asesinado. Piden una protección especial.
Por Gabriel Michi

Hace años que Perú vive una crisis institucional sin final. Todos sus presidentes terminan mal con la Justicia, algunos terminan presos e incluso alguno suicidado (como fue el caso de Alan García). Sus mandatos suelen ser interrumpidos por un Congreso que hace y deshace a piacere. Pero a semejante hecatombe institucional se ha sumado la violencia política. En los últimos meses -y con las campañas hacia las elecciones presidenciales asomando- varios candidatos fueron atacados e incluso, alguno de ellos, asesinado. Por eso la autoridad electoral ha tomado una decisión sin precedentes: darles a los aspirantes a la Presidencia chalecos antibalas, como así también a varios funcionarios oficiales.
Los recientes ataques a precandidatos, en medio de un cada vez más extendido clima de inseguridad, encendieron todas las luces de alerta. Esta última semana, el candidato liberal Rafael Belaúnde, salió ileso de varios disparos de desconocidos contra el vehículo que conducía. Este fue el último capítulo de una escalada de violencia que no cesa y que alarmó a varios postulantes de los más de una treintena de partidos que quieren formar parte de la contienda electoral del próximo 12 de abril donde los peruanos deben definir su próximo presidente peruano y los representantes ante el Congreso .Otro hecho ocurrió en octubre, cuando el candidato presidencial de derecha Phillip Butters pudo escapar, protegido por policías con escudos de plástico, de las piedras que le arrojaron residentes de una región históricamente de izquierda durante una visita proselitista. Zafó por poco.
Pero, sin duda, el episodio más grave de esta asonada de violencia política ocurrió en noviembre en la región norteña de Piura, cuando el abogado Percy Ipanaqué del partido de izquierda Juntos por el Perú -que planeaba postularse para el Parlamento- fue asesinado a tiros supuestamente por sicarios. El precandidato presidencial Roberto Sánchez, de ese espacio, señaló que las medidas del Gobierno contra la inseguridad han fracasado y manifestó que “la prioridad no es la seguridad de los candidatos presidenciales, es proteger al pueblo”, en un contexto donde la criminalidad ha explotado, convirtiendo a Perú en uno de los países ,
Por todo esto y otras amenazas peligrosas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, pidió al Gobierno poner en marcha una serie de protocolos de seguridad electoral, en una nación que atraviesa una ola de crímenes y extorsión a ciudadanos. Burneo calculó que es posible que en 2026 los ataques superen los “cerca de 50 eventos violentos” de las elecciones del 2021. Y señaló: "Lo que queremos es prevenir e identificar riesgos. Y que no se escatime esfuerzos, si es necesario llegar al extremo de usar chalecos antibalas. Desde ya estamos evaluando y adquiriendo chalecos para nuestro personal”.
Pese a los temores de violencia política que se potenciaron por estos últimos episodios, Belaúnde -nieto del expresidente Fernando Belaúnde- dijo que no estaba realizando campaña cuando fue atacado, sino visitando un negocio de ventas de terrenos de su propiedad al sur de Lima. Y agregó: “No creo que tenga vinculación política, yo pensaría que tiene que ver con la inseguridad ciudadana-. Cada candidato tomará las medidas de seguridad que crea conveniente (…) creo que la cantidad de peruanos expuestos a la inseguridad es muy alta”. Rafael Belaúnde tiene apenas un 2% de intención de votos -según un sondeo de Ipsos Perú- pero ninguno de los otros aspirantes supera el 10%. Por lo que se supone -si bien faltan cinco meses para la primera ronda de los comicios- que el próximo mandatario se definirá en el ballotage del 7 de junio.
El actual escenario electoral, con la violencia al acecho, replica situaciones similares vividas en otros países de América Latina como México (donde en cada campaña comicial ultiman y atacan a decenas de postulantes), Colombia (en junio, le dispararon al candidato Miguel Uribe durante un acto proselitista y dos meses después falleció) o Ecuador (en 2023 fue asesinado en campaña el aspirante presidencial Fernando Villavicencio).
Para las próximas elecciones presidenciales en Perú ya hay pre anotados unos 39 partidos o alianzas políticas -en 2021 hubo 18 listas-, que tienen tiempo hasta el 23 de diciembre para presentar a sus candidatos presidenciales. Y los temas vinculados a la inseguridad ciudadana han desplazado a los económicos. Si bien la pobreza y desigualdad son endémicas en Perú (con uno de los índices de informalidad más altos de la región), la baja inflación y el crecimiento macroeconómico hace que esas preocupaciones pasen a un segundo plano detrás de los temores por la criminalidad.
El presidente de Perú, José Jerí, asumió al poder en octubre tras la destitución de su predecesora Dina Boluarte -que a su vez había llegado a ese lugar por el desplazamiento y encarcelamiento de su compañero de fórmula José Pedro Castillo- decretó el "Estado de Emergencia" en Lima por la violencia delicuencial demostrada en que, por ejemplo, los homicidios aumentaron un 10% entre enero y noviembre, llegando a la descomunal cifra de 2.053 asesinatos en esos 11 meses. En ese contexto, la violencia general parece también tener una traducción en el mundo de la política. Y, por eso, los postulantes a la Presidencia tendrán que hacer campaña con chaleco antibalas. En otra demostración de una crisis institucional que gobierna a Perú desde hace años.










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