En lo que va del 2022 al menos 87 activistas fueron asesinados en la región, la más violenta del Mundo para quienes luchan por los Derechos Humanos. Los peligros que representan distintos grupos criminales, sumado a la debilidad y corrupción institucional son la clave. El caso de un periodista y un indigenista desaparecidos en la Amazonia preocupa a Brasil.
Por Gabriel Michi
Sus vidas giran en torno a defender los derechos de los más marginados y protegidos. Y sus muertes, lamentablemente, se relacionan con esa misión. En América Latina los asesinatos de defensores de los Derechos Humanos son un fenómeno que preocupa. La ola creciente de violencia contra los activistas de la región está arrojando cifras alarmantes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sólo en los primeros meses de 2022 distintos tipos de grupos criminales terminaron con la vida de 87 activistas. Y en 2021 hubo 147 defensores de los DD.HH. que fueron asesinados. La propia CIDH alertó que Latinoamérica se convirtió en la región más peligrosa del Mundo para quienes se ponen al hombro la lucha contra esas vulnerabilidades e injusticias.
En su informe anual, la Comisión mostró que el 2021 el país más riesgosos para los defensores de los Derechos Humanos resultó ser Colombia, con 145 víctimas fatales. Algo reconocido por el propio gobierno de Iván Duque que, según sus propios registros, tienen a 3.749 líderes sociales bajo resguardo. En el trágico ranking de ese año le sigue, en segundo lugar, el convulsionado México, donde ya hubo 10 crímenes contra activistas pro DD.HH. en estos primeros meses. Luego aparecen Perú con 5 fallecidos, Honduras con 4 y Guatemala con 2. llamativamente no figura en este listado de terror Brasil, siendo uno de los lugares más peligrosos para esas misiones. De hecho ahora mismo hay una búsqueda desesperada por dar con el paradero del periodista británico Dom Philips y el referente indigenista Bruno Pereira en la región de la Amazonia, donde iban a retratar el sufrimiento y las persecuciones que padecen las aldeas menos contactadas del planeta, víctimas del acoso territorial de mineros ilegales, madereros, pescadores y hasta narcotraficantes.
Las principales causas en las que desarrollan la imprescindible misión de estos activistas en peligro son la defensa de los pueblos originarios (y sus territorios) y el medioambiente. Frente a esos escenarios los defensores de los Derechos Humanos vienen denunciando no sólo el accionar de esos grupos criminales, sino también los abusos de las Policías y las Fuerzas Armadas. Exponer y denunciar esos atropellos a los sectores más vulnerables los ha vuelto víctimas a ellos mismos. En la nómina de los activistas amenazados también figuran sindicalistas y periodistas.
A veces esos amedrentamientos e intentos de silenciamientos no tienen como único objetivo a los propios defensores de los Derechos Humanos sino que incluso hasta se pueden extender a su familia y su círculo más cercano. Un ejemplo terrible fue el ocurrido el pasado 9 de enero en Brasil cuando fue asesinado a tiros el activista José Gomes, junto a su esposa y su hija en la región de São Félix do Xingu, Estado de Pará. Gomes se dedicaba a liberar crías de tortugas en la Amazonía, buscando repoblar esta especie que fue diezmada por la obra del Hombre. La situación en el gigante de Sudamérica se volvió tan complicado para los activistas que debieron crear un Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), en Bahía, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro, en el que el Estado brinda protección a cerca de 600.
Hay otras experiencias similares en otras naciones pero, sin dudas, el mpas abarcativose da en territorio azteca, donde el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y de Periodistas de México tiene bajo su cuidado a 1.011 activistas y 495 comunicadores.
El brutal fenómeno graficado por la CIDH se replican en otros informes internacionales. Por ejemplo la ONG Front Line Defenders, en su informe correspondiente a 2021, denunció que de los 358 defensores de Derechos Humanos que fueron asesinados en el mundo, 252 eran latinoamericanos, o sea, el 70%.
¿Por qué es tan riesgoso para los activistas desarrollar su misión en Latinoamérica? Las respuesta son múltiples. Pero hay algunos comunes denominadores que se repiten: Históricas debilidades institucionales, sistemas judiciales que garantizan la impunidad y la violencia criminal creciente (por ejemplo por el auge del narcotráfico) y las complicidades y permeabilidad de la política y las fuerzas de seguridad con ese accionar delictivo.
Según el mexicano Joel Hernández, relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH: "En distintas partes de la región se están dando situaciones de conflictividad que hacen que los defensores se activen. Por ejemplo, en aquellas zonas donde se están poniendo en marcha proyectos extractivistas, sin el debido consentimiento de las comunidades afectadas, los líderes se están movilizando o están surgiendo y eso los coloca en la mira de grupos de determinados grupos". En declaraciones a la BBC, Hernández concluyó: "Esto explica por qué los defensores de los pueblos indígenas, de los campesinos y del medio ambiente están siendo las principales víctimas de atentados y ataques".
La impunidad, la violencia, la corrupción sumado al mal de Estados y Fuerzas Armadas y policiales que forman parte del engranaje delictual, han vuelto a América Latina el lugar más peligroso del Mundo para aquellos que se animan a salir en defensa de los Derechos Humanos. Y, paradójicamente, son ellos mismos que de denunciar todo tipo de abusos contra los más vulnerables, terminan siendo ellos mismos los vulnerables. Y, con cada una de esas muertes de los activistas no sólo sufren sus familias y sus protegidos. Sufren las democracias.
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