Río de Janeiro: una cacería letal que fracasó en sus objetivos

El informe final de la Policía señala que ninguno de los 119 muertos figuraba en la orden de captura del operativo más violento de la historia de Brasil. Y que de los 99 detenidos, sólo uno figuraba en la lista. Doca, el jefe del Comando Vermelho que buscaban, sigue prófugo.

Por Gabriel Michi

Entre los 117 muertos civiles en la "Operación Contención" hay 19 personas que no tenían siquiera antecedentes penales. Pero el gobierno de Río de Janeiro argumenta que todos eran delincuentes.

Ni un sólo jefe narco. Ni uno solo de los objetivos buscados. Ese es el resultado que hoy de conoce después de la más violenta matanza policial ocurrida en Río de Janeiro. El raid de destrucción, muerte y sangre que se saldó con 121 fallecidos -4 de ellos policías y 2 adolescentes- no consiguió dar con los criminales que se habían planteado. El operativo más mortífero de la historia de Brasil estuvo muy lejos de conseguir sus objetivos: atrapar o "sacar de juego" a los principales líderes del peligroso Comando Vermelho en dos favelas, Alemao y Penha. La redada -calificada por el polémico gobernador de Río, Claudio Castro, como "exitosa"- terminó con 117 personas muertas por la Policía, pero ninguno de los 69 sospechosos nombrados por los fiscales en la denuncia que sirvió de base para la "Operación Contención", estuvo entre ellas. Apenas cinco de los nombrados en la denuncia penal fueron arrestados ese día -de un total de 99 apresados- y ninguno era un líder de alto rango de la notoria banda Comando Vermelho. Así lo concluye el informe policial completo sobre la operación, compartido con la Corte Suprema de Brasil.

Encima, en el operativo no se logró atrapar a quien era su principal objetivo: Edgar Alves de Andrade, conocido como "Doca", líder del grupo criminal quien sigue prófugo. Ni tampoco a ningún otro miembro de la plana mayor del Comando Vermelho. Sólo apresaron a un líder de nivel medio de la banda que fue detenido sin que se disparara un solo tiro.

Toda esa información contradice la versión oficial de la redada en las dos populosas favelas del norte de Río de Janeiro y que mostró imágenes impactantes como cuando los pobladores pusieron en fila en medio de la calle decenas de cuerpos acribillados en el bosque que está detrás de esas barriadas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de "desastrosa" la operación, pese a que su gobierno ha endurecido las políticas contra los grupos criminales. Porque si bien su administración respaldó los operativos policiales destinados a interrumpir la financiación del crimen organizado se enfrenta con sus rivales de la derecha como el gobernador Castro -alineado con el mandatario Jair Bolsonaro- quien propició este mega operativo que vistió de sangre a Río de Janeiro. Estos sectores abogan por redadas agresivas para incautar armas y arrestar o matar a miembros de pandillas, sin importar del alto costo humano, tal como quedó demostrado.

El secretario de seguridad pública de Río, Victor dos Santos, quien supervisa a la Policía, confirmó a la agencia Reuters que el objetivo del Gobierno era arrestar a los hombres que habían sido acusados. Pero intentó defenderlo: "No fue muy fácil buscar a 69 personas entre las 280.000" que viven en las favelas donde se desarrolló la redada. Pese a que 19 de los hombres asesinados no tenían siquiera antecedentes penales, según documentos de la investigación, Santos dijo que estaba 100% seguro de que eran criminales. También argumentó que el número de personas asesinadas y arrestadas demostraba que "el panorama es mucho peor de lo que mostró la investigación". Y anunció que se planean otras redadas para los próximos meses en las favelas de Río, sin importar las críticas recibidas de la comunidad, del gobierno central y de organismos de Derechos Humanos de todo el Mundo que afirmaron que la policía mató indiscriminadamente en lugar de perseguir objetivos claros basados ​​en investigaciones de larga duración sobre la banda Comando Vermelho, una de las más grandes y violentas de Brasil, con más de 50.000 miembros activos -según los expertos- y presencia en casi todo el país.

La sospecha de que el operativo había sido una cacería indiscriminada surgió apenas instantes después de cometida. Y alcanzó críticas globales. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, solicitó también “una reforma integral de los métodos de Policía en Brasil”. Y señaló que comprende plenamente “los desafíos de lidiar con grupos criminales violentos y organizados como el Comando Rojo” pero afirmó que “la larga lista de operaciones que resultan en muchas muertes, que afectan desproporcionadamente a los afrodescendientes, plantea preguntas sobre la manera en que se llevan a cabo estas incursiones”. Para concluir: “Brasil necesita romper el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública cumplan con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”. Y los datos del informe de la Policía que ahora analiza la Corte Suprema parecen darle la razón. Porque el operativo más sangriento y letal de la historia brasileña terminó así: en un fracaso total en cuanto a los objetivos buscados, donde la única certeza fue, en definitiva, la violencia. Y la muerte.