Un fallo de la Corte Suprema contra una ley del Estado de Nueva York habilita a los ciudadanos a andar con armas por la calle. Fue por pedido de las organizaciones que defienden la portación. Todo eso en medio de una verdadera epidemia de matanzas y tiroteos masivos. Y mientras el Congreso avanza en algunos controles en la materia.
Por Gabriel Michi
No alcanzan las muertes ni el dolor. Ni siquiera que el mal se haya convertido en una verdadera epidemia. No alcanza con ver a familias inocentes desgarradas. Ni que las estadísticas demuestren que en ningún lugar del Mundo ocurren matanzas en escuelas como en ese país. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de fallar dando la espalda a la tragedia que sacude a esa nación donde miles de personas pierden su vida por la violencia armada, muchas veces en masacres que demuestran la vulnerabilidad de un sistema. La mayoría conservadora del Tribunal Supremo (6-3) anuló una Ley del Estado de Nueva York, vigente desde 1913, que imponía ciertos límites a la portación de armas. Lo que significa un espaldarazo a la expansión de un derecho que está en debate tras las últimas matanzas colectivas (en particular en las escuelas) y en el que hay ciertos consensos bipartidarios en el Congreso estadounidense para instaurar ciertos límites. O sea, el polémico fallo llega en un contexto de una sociedad conmocionada por los últimos sucesos y en medio de un debate legislativo para establecer mayores controles. Es decir, a contramano de todo. Una Justicia que ignora el dolor causado por la violencia armada.
Ahora, con esta decisión del tribunal más importante de EE.UU. -que hizo lugar a la demanda iniciada por la poderosa Asociación Nacional del Rifle, entre otras organizaciones a favor de las armas- y que sienta jurisprudencia federal más allá del caso neoyorquino, más personas podrán portar -y ostentar a la vista de todos- armamento legalmente en las calles de las ciudades más grandes del país, incluidas -además de la "Gran Manzana", Los Ángeles y Boston, entre otros lugares. El fallo puede afectar a los otros seis Estados (California, Hawai, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island) que, como el de Nueva York, establecen que un ciudadano debe justificar legalmente por qué tiene que portar arma y la autorización o no termina siendo una decisión de las autoridades. Con este dictamen ya nadie deberá pasar por ese filtro. En esos Estados demócratas vive un cuarto de la población estadounidense que ahora estarían alcanzados por este cambio.
Esta cuestionable decisión es la primera que la Corte Suprema toma en 10 años vinculada a la famosa "Segunda Enmienda" de la Constitución. La anterior fue en 2010 -y en un fallo de 2008- cuando los jueces establecieron el derecho nacional a tener un arma en casa para defensa propia. Ahora extiende eso a la portación. Según los magistrados conservadores, con esta normativa neoyorquina se afectaba los derechos ciudadanos contemplados por aquella Enmienda. El juez Clarence Thomas escribió en el voto de la mayoría conservadora que la Carta Magna protege “el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”.
La decisión no sólo va a contramano del pedido del propio presidente Joe Biden quien -a raíz de las reiteradas matanzas- le había pedido a los jueces a defender la ley de Nueva York, sino que también choca con las iniciativas que se están debatiendo en el Congreso estadounidense. De hecho, pocas horas después de conocerse el fallo, el Senado aprobó un proyecto que establece más controles en materia de armas. Los 50 legisladores demócratas lograron el apoyo de 15 republicanos en algunas medidas -bastante mínimas si se tiene en cuenta sus aspiraciones- que establecen, por ejemplo, mayores verificaciones de antecedentes para los compradores de armas más jóvenes, impediría el acceso a perpetradores de violencia de género y ayudaría a los Estados a implementar leyes de alerta que faciliten a las autoridades secuestrar armamentos a personas consideradas peligrosas. También financiaría programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia. Alrededor de 15.000 millones de dólares se destinarán a esas tareas preventivas.
Pese a la histórica iniciativa legislativa y el inusual apoyo de algunos republicanos, la opinión de la mayoría conservadora de la Corte -que se terminó de conformar con las vacantes aprovechadas por el ex presidente Donald Trump- tuvo las lógicas disidencias de los tres magistrados que representan la minoría liberal. Así el juez Stephen Breyer puso el acento en el número de víctimas causado por la violencia armada. “Sólo desde el comienzo de este año (2022), ya se han reportado 277 tiroteos masivos, un promedio de más de uno por día”, escribió Breyer. Algo que se vería agravado por la mayor liberalidad en la materia que permitiría este dictamen. De hecho, quienes han defendido la ley neoyorquina que hoy fue anulada por la Corte temen que, con esto, llevará a que haya más armas en las calles y que se disparen -aún más- las tasas de delitos violentos.
Sin embargo, los jueces supremos de los Estados Unidos, o al menos esa mayoría conservadora, parecen haber ignorado tanto dolor, tanta muerte, tanta locura. Y le dieron la espalda a las víctimas. Una vez más.
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