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A contramano de las urgencias y las necesidades

Actualizado: 12 oct

Un índice realizado por Oxfam muestra cómo los Gobiernos de todo el mundo alimentaron una explosión de desigualdad en Pandemia. La mitad de los países más pobres redujo su gasto en salud pese al COVID, mientras que el 95 % congeló o incluso rebajó los impuestos a las empresas y personas más ricas. La presión del ajuste del FMI sobre América Latina.


Por Gabriel Michi



"Donde hay una necesidad, nace un derecho", decía Eva Duarte de Perón, la recordada "Evita". Y si esas necesidades se multiplican o crecen en medio de una crisis, obviamente la atención de las mismas deberían asegurar una mayor intervención del Estado para salir al rescate de sus víctimas más vulnerables. Es sabido que la Pandemia de COVID 19 generó un sinnúmero de desigualdades, potenciándolas y agigantándolas. Y que en esos países donde las inequidades eran mayores, se hicieron aún más pronunciadas. Así lo contó MundoNews en su nota "Latinoamérica: La Pandemia de la desigualdad dejó ricos más ricos y pobres más pobres" y en otra titulada "La Pandemia de la desigualdad". Y frente a eso, los gobiernos tuvieron una misión especial: atender las necesidades particulares generadas por el COVID, son una inversión mayor en materia de salud y buscar recursos entre los sectores más favorecidos económicamente para sostener esas demandas excepcionales y amortizar las inequidades subyacentes. Sin embargo, gran parte de los Estados -en especial los más empobrecidos, donde las necesidades se hacen más dramáticamente evidentes- fueron a contramano de eso. Haciendo todo lo contrario de lo que la lógica -y la sensibilidad- indicarían. Menos inversión en salud y menos imposiciones a los más poderosos.


Así lo revela una nueva investigación de Oxfam (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre -Oxford Committee for Famine Relief-),y Development Finance International (DFI), que señala que tanto los países de renta alta como los de renta baja "han alimentado una explosión de desigualdad económica desde la irrupción de la pandemia en 2020.

La inmensa mayoría de gobiernos recortó su gasto en salud, educación y protección social, negándose a subir los impuestos sobre los beneficios corporativos extraordinarios y la acumulación de la riqueza".


Estas organizaciones crearon el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad 2022 (Índice CRI) en el que cruzan datos en cuanto a las políticas encaradas por 161 países para atenuar las desigualdades potenciadas en los dos primeros años de la Pandemia (2020 y 2021). Del estudio surgió que en aquellas naciones de renta baja y media baja se "recortó el gasto en salud, a pesar de haber experimentado la mayor crisis de salud pública del último siglo". La mitad de los países (77) recortó también su gasto en protección social, y el 70 % redujo el presupuesto destinado a la educación.


"A pesar del aumento sin precedentes de la pobreza y de que, las y los trabajadores se enfrentan a un alza del precio de los alimentos y la energía no vistos en décadas, dos tercios de los países no equipararon su salario mínimo al crecimiento económico", señala el informe. Y agrega un dato que preocupa: "Pese a la enorme presión sobre sus finanzas públicas, 143 de 161 países congelaron los impuestos aplicables a su población más rica, y 11 países incluso llegaron a rebajarlos".





La Pandemia generó una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos años. Y también maximizó la necesidad de los Estados presentes. La consigna del "nadie se salva solo", tan en boga en esos días donde los reportes de nuevos contagios masivos y muertes se instaló con fuerza. Sin embargo las respuesta de los gobiernos no siempre estuvieron a la altura de las circunstancias. Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, sostiene que el índice CRI dejó en evidencia que "la mayoría de los gobiernos fracasaron a la hora de tomar las medidas necesarias para contrarrestar la explosión de desigualdades generada por la Pandemia de COVID-19". Y para graficarlo señala que incluso en muchos casos "han suprimido servicios públicos cuando más se necesitaban y, en cambio, han permitido que los milmillonarios y las grandes empresas acumulen beneficios récord". Sin embargo, Bucher subraya que hubo administraciones en algunos países y lo ejemplifica con algunas acciones concretas, en cuanto a "una política de tributación más progresiva":

  • Costa Rica aumentó en 10 puntos porcentuales su tipo marginal en el impuesto sobre la renta personal.

  • Argentina aplicó un impuesto único a la riqueza para cubrir los gastos del COVID-19 con tasas progresivas de 2% al 5,25% en 2020. En 2021 introdujo un sistema de tributación progresivo a las empresas, donde las pequeñas contribuyen con 25%; mientras las mayores pagan 35%. En 2022 propuso un impuesto a la sobreganancias empresariales, también conocida como "renta inesperada" o "renta excepcional".

  • Bolivia introdujo un impuesto permanente y progresivo de 1.4 a 2.4% a la riqueza superior a los 4 millones y anunció el reembolso del 5% del IVA para los ciudadanos más pobres a fines del 2020.

  • Chile propuso una reforma tributaria para aumentar el tipo marginal del impuesto de renta personal a 43%. Asimismo, propuso incrementar la tributación de ganancias de capital para equiparar con el impuesto a renta, introducir un impuesto progresivo a las grandes fortunas, y ampliar los royalties a las empresas extractoras de cobre.

Pero esas propuestas que hablan de una progresividad impositiva parecieran ser excepciones muy aisladas. De hecho, sólo el 25% de los países de América Latina y Caribe mejoró progresivamente su gasto social. La contracara de eso es que muchos gobiernos en el presente están aplicando medidas de ajuste, pese a las complicadas realidades sociales que atraviesan grandes sectores de su sociedades. “Existen alternativas a la austeridad para promover la recuperación económica. Esto implicaría que los países se comprometan con la reducción de desigualdades, adoptando políticas fiscales más progresivas y que sigan el ejemplo del 16 % de los países de Latinoamérica que han priorizado nuevos impuestos sobre los beneficios corporativos extraordinarios y la acumulación de la riqueza. Lo que permitirá construir una ola de esperanza y oportunidades en la región” explica Grazielle Custódio David, coordinadora regional de justicia económica de Oxfam en América Latina y el Caribe.



Según Oxfam, "la insistencia del FMI para que se adopten nuevas medidas de austeridad para reducir la deuda y los déficits presupuestarios está exacerbando la pobreza y la desigualdad en los países de renta baja y media-baja. El debate ha dado un giro catastrófico: ha pasado de cómo abordar las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 a cómo reducir la deuda mediante recortes abismales del gasto público y congelaciones salariales. Guiado por el FMI, el mundo se dirige a ciegas hacia la adopción de medidas de austeridad que incrementarán aún más las desigualdades", señala la organización.


Eso se complementa con otro informe de Oxfam (“La sombra de la austeridad: quien paga la cuenta del Covid-19 en América Latina y Caribe”) en el que se argumenta que esta región, que se convirtió en uno de los epicentros de la crisis sanitaria y económica "recibió el 70% de los fondos globales del FMI, y en el 85% de los casos, el Fondo ha estado alentando políticas de austeridad fiscal. Con la adopción de recortes en los gastos sociales, el endurecimiento de las condiciones laborales, las privatizaciones y/o la promoción de reformas tributarias regresivas como el incremento del IVA, el hambre, la pobreza y las desigualdades se amplían en la región, como demuestran los estudios de caso de cuatro países descritos en dicho informe".


Y en el informe de Oxfam y DFI también se señala sobre las políticas de ajuste y endeudamiento:


- Tres cuartas partes de los países a nivel mundial prevén nuevos recortes en sus presupuestos de cara a los próximos cinco años por un valor de 7,8 billones de dólares, según datos del FMI.

- En 2021, los países de renta baja destinaron el 27,5 % de sus presupuestos al pago de la deuda, una cantidad que representa dos veces su gasto en educación, cuatro veces su gasto en salud y cerca de 12 veces su gasto en protección social.

- Por cada dólar que se destina al gasto en salud, los países en desarrollo pagan cuatro dólares por servicio de deuda a acreedores millonarios.

- Es esencial que se apliquen impuestos más elevados a los más ricos y que se alivie fuertemente la deuda para permitir que estos países puedan reducir drásticamente las desigualdades.

- Prácticamente ningún país decidió aumentar la imposición fiscal a las personas más ricas, ni aplicar impuestos a los beneficios corporativos extraordinarios durante la crisis de COVID-19.


Y lo contextualiza con datos históricos que contrastan con la realidad actual. Según estas organizaciones "en momentos críticos, como la epidemia de gripe de 1918, la depresión económica de 1930, y la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países ricos subió los impuestos a los más ricos e introdujo impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas, utilizando el dinero recaudado para invertir en sistemas de educación, salud y protección social".






Parece contradictorio que en momentos donde más se necesita de políticas públicas activas que, ante un escenario extremo como son el de la Pandemia y la post-Pandemia, se recorten los gastos destinados a enfrentar las crisis sanitarias y sociales que emergen de semejante escenario. Y encima no se busque recursos en los que más privilegios detentan. Así la Humanidad nunca va a gozar de buena salud. Más si se va a contramano de sus necesidades.




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